VENEZUELA / Ya arrancó la declaración y pago del Impuesto Sobre La Renta (ISLR), según informó el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). Sin embargo, se mantiene el monto de la Unidad Tributaria (UT) en Bs. 1.500, lo cual, a juicio del experto en materia tributaria, Héctor Orochena, es una sub valoración que afecta a los trabajadores dependientes del país.
En entrevista exclusiva para Punto de Corte, el consultor y auditor tributario explicó que, nuestra ley de ISLR establece que las personas naturales para declarar, deben tener un ingreso mínimo gravable de 1.000 UT, a razón de Bs. 1.500, eso te da un total de un ingreso anual de 1.500.000 bolívares. Eso significa que, aquella persona que haya devengado más de ese monto, está obligado a declarar y pagar dicho impuesto.
«Un trabajador que devengó sueldo mínimo en 2020, y tiene dos cargas familiares, quedaría obligado a pagar por concepto de ISLR, más de 2.300.000 bolívares; es decir, casi dos salarios mínimos. Eso significa que es completamente confiscatorio, y va a generar una altísima tasa de evasión fiscal», advirtió Orochena.
Señala que, «muchas personas naturales no deberían estar obligadas a pagar este impuesto, porque su ingreso no les permite sobrevivir, y no hay mínimos vital de sobrevivencia en la remuneración que reciben los trabajadores».
El experto tributario, también destaca lo que se refiere a las tarifas del ISLR. «Nuestra ley está conceptualizada sobre la base de un impuesto progresivo; es decir, aquellas personas que más ganan, más pagan. Las tarifas de impuestos para personas naturales y jurídicas, tienen la particularidad que están diseñadas por tramos de ingresos, pero que con esta UT tan pequeña, los tramos de impuestos se aplanan, y pasamos de un impuesto proporcional a uno progresivo».
Explica que, ·»es tan fácil llegar al tope del 34% por la vía de los ingresos, que hoy en día la mayoría de las personas naturales y empresas, quedarían pagando el 34%. Es decir, que la sub valoración del ISLR, rompió con el esquema del impuesto proporcional, eliminó esta figura y nos da el mismo tratamiento a todos los contribuyentes».
«Sin duda que el gobierno nacional, como lo he advertido, tenía la obligación moral de establecer un valor de la UT que se correspondiera con la realidad, y que no significara un esquema tributario que raya en lo confiscatorio. Es inaceptable que una persona de bajos ingresos deba pagar este impuesto», subrayó Orochena.
Reitera que era una obligación «establecer una alícuota que creara ese umbral de justicia y equidad tributaria y de tranquilidad social para los trabajadores».
«Nuestra ley de ISLR, establece dos tipos de desgravámenes para las personas naturales, un desgravamen único de 774 UT y uno específico que se debe soportar con facturas. Este segundo, se da por concepto de alquiler, pólizas de seguro privado, pagó de educación privada y gastos médicos; estos los puedes deducir, pero una persona con salario mínimo, no puede generar este tipo de gastos», aclara.
El consultor y auditor tributario, considera que la administración de Nicolás Maduro se niega a ajustar la UT a la realidad del país, «para tratar de captar la mayor cantidad de recaudación posible, así sea de los estratos más bajos. Es decir, en la medida en que aumente la UT, la base de contribuyentes comienza a reducirse».
«Aún en el escenario de que muchos trabajadores decidan no pagar, es natural que exista una recaudación marginal, y el Estado se ve por satisfecho. La otra razón es el tema de las tarifas, y es que a medida que se ajuste la UT a su justo valor, los tramos de impuesto se distancian, y una persona que eventualmente podría pagar el 34%, es posible que con ajuste termine pagando el 12 y 8 %», concluyó.
