VENEZUELA / Para la abogada Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional (AN) y presidenta de la Comisión de Justicia y Paz del mismo Parlamento venezolano, “la patria se lleva es en la sangre y no en ningún carné partidista u oficial”.
Así se expresó la lideresa política al declarar a los periodistas, ayer, poco antes de una reunión de trabajo que sostuvo en la sede del Colegio de Abogados del Estado Lara, para dar a conocer algunos aspectos del proyecto de Ley de Justicia Transicional a ser discutido en la AN para que sea puesta en vigencia durante el gobierno de transición al que se aspira “una vez que Nicolás Maduro deje el poder”, pero también para escuchar todas las propuestas que, en torno a la materia, podamos escuchar de los larenses”.
Por cierto que la parlamentaria reiteró una frase que, ya por ante este mismo rotativo, expresara la muy autorizada voz del doctor Jorge Rosell, exmagistrado de la Corte y del Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido de que “con la justicia transicional, no se busca en absoluto cobrar venganza contra nadie”.
Explicó que se trata de una ley que lo que busca es evitar que queden impunes las numerosas violaciones a los derechos humanos que se han cometido en toda Venezuela por funcionarios de este gobierno”.
Asi mismo señalo, que el proyecto en cuestión es amplio en contenido y en espíritu, y que de allí la razón para que sea consultado intensamente, no solamente en el estado Lara, sino en todo el país.
-Precisamente -recalcó-, hemos comenzado este proceso de consultas como un reconocimiento y como una muestra de solidaridad para con el diputado larense Edgar Zambrano, vicepresidente de la AN, y uno de los tantos venezolanos que han sido víctimas de las arbitrariedades de este régimen.
Y, contestando a una pregunta, expresó que, hasta ahora, se han compilado unas 14.000 muertes por operativos de los cuerpos de seguridad del Estado durante estos últimos 20 años, de las cuales alrededor de 7.000 son atribuibles a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB.
