VENEZUELA / “Es mejor que muchos paguemos lo justo y no que pocos mantengamos a los municipios”, reitera el presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Gustavo Valecillos, sobre una petición en la que el sector privado lleva años insistiendo y que esperan se materialice una vez entre en vigencia la ley de armonización tributaria.
La Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de Estados y Municipios (Locaptem), aprobada en segunda discusión por la Asamblea Nacional (AN) en julio, estuvo engavetada desde agosto del año pasado y era una de las exigencias que hacían desde gremios empresariales para reducir la voracidad fiscal en los municipios.
La ley establece que se deben adecuar las leyes estadales y ordenanzas municipales en un plazo de 90 días continuos posteriores a su publicación en Gaceta Oficial -que ocurrió el pasado 10 de agosto- y tener el visto bueno del Consejo Superior de Armonización Tributaria, dependiente del Ministerio de Finanzas.
Esperamos que se instalen mesas de negocio con las 335 alcaldías, en las que participen todos los sectores en la formulación de las tasas a pagar, por sector y por municipio”, dijo Valecillos este jueves, 31 de agosto, en un encuentro con medios de comunicación en la sede de la Cámara de Aseguradores de Venezuela.
La necesidad de una reforma tributaria
El recién electo presidente de Consecomercio estima que la ley de armonización tributaria puede comenzar a aplicarse en noviembre. Por eso insistió en que deben adelantarse conversaciones entre cámaras de comercio, gremios profesionales, alcaldías, concejos municipales y consejos legislativos, no solo para racionalizar los impuestos, sino para buscar ampliar la base tributaria y así disminuir la carga que tienen las empresas que ya pagan sus tributos.
Sin embargo, para el abogado tributarista y asesor de Fedecámaras, Leonardo Palacios, el consenso entre las distintas ramas del Estado y el sector empresarial debe ser buscar que la ley de armonización tributaria “constituya un primer paso hacia una reforma integral” que ponga orden en la tributación nacional.
La reforma tributaria tiene que venir. Se debe sincerar el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado; incorporar nuevamente los ajustes por inflación y creo que hay que buscar la manera de reducir el efecto de distorsión de impuestos, como el de grandes transacciones financieras o al gran patrimonio”, dice Palacios.
Faltan elementos para ver su alcance
Leonardo Palacios coincide con Gustavo Valecillos, de Consecomercio, en que es necesario que el sector empresarial, las administraciones tributarias y las academias estén “en una misma mesa” para lograr “una racionalización verdadera de la tributación”.
El experto asegura que, además de la promulgación definitiva de la ley, está pendiente de la tabla de clasificaciones por actividades que debe hacer el Ministerio de Finanzas para determinar las tasas y límites impositivos para cada sector económico.
“En lo que corresponde al sector comercial, se debe buscar que las alícuotas impositivas sean razonables, que no se vaya del 1 % al 3 %, y sobre todo que se respete las disposiciones de la Ley Del Poder Público Municipal (…) No se trata de vaciar de su competencia a los municipios, sino buscar la manera de que que los tributos no se conviertan en un obstáculo o impedimento para la expansión económica”, reiteró Palacios, también expresidente de la Cámara de Comercio de Caracas.
