El Nacionalista

24 de mayo de 2024
22:41

Denuncia aumento de desapariciones forzadas en Venezuela

La ONU expresa preocupación por el incremento de desapariciones forzadas en el país, afectando principalmente a opositores y miembros del ejército.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha expresado su preocupación por el incremento alarmante de las desapariciones forzadas en el país.

Según un comunicado de prensa publicado este martes, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU señala que la mayoría de las desapariciones involucran a opositores o miembros del ejército.

En el contexto de las próximas elecciones presidenciales de julio de 2024, los expertos de la ONU advierten que las desapariciones forzadas podrían tener un efecto escalofriante y obstaculizar el derecho del pueblo a votar libremente.

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Los expertos, Aua Baldé, Gabriella Citroni, Angkhana Neelapaijit, Grażyna Baranowska y Ana Lorena Delgadillo Pérez, enfatizan la gravedad de la situación.

Además, los expertos de la ONU recuerdan que el delito de desaparición forzada conlleva la violación de múltiples derechos humanos.

Las víctimas son privadas de libertad por las autoridades estatales

Llevadas a centros de detención reconocidos y ahí privadas de sus derechos fundamentales como el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia letrada.

Finalmente, los expertos sentencian que la impunidad por estos crímenes socava la confianza en el Estado de derecho y las instituciones y perpetúa un clima de miedo e inseguridad en la sociedad.

Este patrón de desapariciones forzadas y la impunidad resultante representan una amenaza significativa para la estabilidad y la seguridad del país.

Elecciones presidenciales de julio de 2024

Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales de julio de 2024, los expertos advierten que las desapariciones forzadas podrían tener un efecto paralizador y obstaculizar el derecho del pueblo a votar libremente.

Las detenciones prolongadas en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas. Según los expertos, las autoridades estatales parecen seguir un patrón en el que privan a las personas de su libertad, las llevan a centros de detención reconocidos y les niegan derechos y protecciones fundamentales, como el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia jurídica.

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El Grupo de Trabajo de la ONU

Enfatizó que privar a una persona de su libertad, seguida de la negativa a reconocer su detención, u ocultar su suerte o paradero, la coloca fuera de la protección de la ley. Esto constituye una desaparición forzada, independientemente de la duración de dicha privación de libertad u ocultamiento.

Los expertos de la ONU recordaron que el delito de desaparición forzada conlleva la violación de múltiples derechos humanos, entre ellos el derecho al reconocimiento como persona ante la ley, el derecho a la libertad y la seguridad, y el derecho a no ser sometido a tortura. Enfatizaron que es crucial que se garantice sin demora información precisa sobre las personas privadas de libertad a quienes tienen un interés legítimo, como sus familiares y representantes legales de su elección.

Desaparición forzada

Cuando hay una desaparición forzada, también se están violando los derechos fundamentales de los familiares de la persona desaparecida. En estas situaciones, los familiares de las personas desaparecidas por la fuerza a menudo se ven obligados a buscar a sus seres queridos en centros de detención donde se les niega sistemáticamente información sobre su suerte o su paradero y pueden estar expuestos a represalias.

El Estado

Frente a esto, los expertos recordaron que el Estado tiene la obligación de buscar y revelar la verdad sobre los desaparecidos. La impunidad por estos crímenes socava la confianza en el Estado de derecho y las instituciones y perpetúa un clima de miedo e inseguridad en la sociedad.

Por último, los expertos de la ONU exhortaron al régimen de Nicolás Maduro a prevenir, erradicar y sancionar todos los actos de desapariciones forzadas, a proporcionar información sobre la suerte y el paradero de las personas actualmente detenidas en régimen de incomunicación por el Estado, y a brindarles todas las garantías jurídicas, incluido el derecho a comunicarse con sus familiares y ser visitados por ellos, acceso a asistencia letrada y derecho a ser presentados ante un tribunal competente para determinar la legalidad de su detención.

Con información de 0800noticias

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