La Corte Suprema de los Estados Unidos examinó los argumentos sobre la legalidad de una ley en una pequeña ciudad de Oregón que penaliza a las personas por dormir al aire libre con mantas, una medida que busca desalentar la creciente problemática de las personas sin hogar.
La jueza Sonia Sotomayor
De tendencia progresista, señaló durante la audiencia que el verdadero propósito de la ley es forzar a las personas sin hogar a abandonar la ciudad. Elena Kagan, también progresista, argumentó que para alguien sin un lugar a donde ir, dormir en público es tan necesario como respirar en público. Acusó a las autoridades de Grants Pass de criminalizar una condición de vida.
Ketanji Brown Jackson, otra jueza, expresó una opinión similar, calificando de cruel e inusual castigar a las personas por actos que son necesidades humanas básicas, como dormir. Por otro lado, los jueces conservadores sugirieron que el tema de las personas sin hogar es un desafío político que debería ser abordado por los poderes electos, no por los tribunales.
Durante una audiencia que duró más de dos horas, los nueve jueces del tribunal supremo escucharon los argumentos del caso ‘Grants Pass v. Johnson’. Un grupo de personas sin hogar está desafiando las leyes de Grants Pass que prohíben dormir y acampar con cualquier tipo de ropa de cama en espacios públicos. Argumentan que estas leyes son inconstitucionales, ya que las personas se encuentran sin hogar en la ciudad debido a la falta de camas disponibles en los refugios y que la ciudad no puede castigarlos sin proporcionarles un lugar para dormir.
Para argumentar la inconstitucionalidad de la ley
Se apoyan en la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe las multas excesivas y los castigos crueles e inusuales. También se refieren a un fallo de la Corte Suprema de 1962 que estableció que no es un delito ser adicto a los narcóticos. Por lo tanto, hacen una analogía entre la falta de vivienda y la adicción a las drogas, considerando que ambos son condiciones por las cuales los ciudadanos no pueden ser castigados.
El caso comenzó en octubre de 2018, cuando tres personas sin hogar en Grants Pass demandaron a la ciudad, alegando que sus ordenanzas para dormir y acampar en lugares públicos los castigaban de manera inconstitucional. Sin embargo, los funcionarios de Grants Pass sostienen que la Octava Enmienda no está en cuestión y advierten que un fallo a favor de los demandantes fomentaría los campamentos de personas sin hogar en todo el país y obstaculizaría la capacidad de respuesta de los gobiernos locales.
Los infractores de estas leyes enfrentan multas de al menos 295 dólares, la prohibición de entrar en parques y, en caso de reincidencia, una infracción criminal castigable con hasta 30 días de cárcel y una multa de 1.250 dólares.
La Corte Suprema
Que no ha escuchado un caso similar en décadas, tendrá que decidir hasta qué punto las ciudades y los estados pueden regular a las personas sin hogar, un caso que podría tener implicaciones significativas para muchas ciudades que enfrentan este problema.
Según un informe de diciembre del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, en diciembre de 2023 había 256.000 personas sin refugio en Estados Unidos. La falta de vivienda aumentó un 12% entre 2022 y 2023, alcanzando su nivel más alto desde que se inició el seguimiento en 2007.
