VENEZUELA / En el conocido y sonado conflicto judicial de la Empresa ICM Proyectos 2001, C.A. prestadora de servicios a PDVSA, al cual nos hemos referido en anteriores ediciones, el abogado RAMÓN ENRIQUE ORTEGA, asegura que la verdad está aflorando y ya se está haciendo justicia.
En medios de comunicación impresos y digitales, se han venido publicitando, de manera reiterada, una serie de contenidos falsos, injuriosos y calumniosos que han pretendiendo manipular la verdad sobre el conflicto judicial que existe entre los socios de la empresa ICM Proyectos 2001, C.A.; entre los cuales destaca una carta abierta dirigida a la ciudadana Magistrada Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Doctora Gladys María Gutiérrez Alvarado.
El abogado Ramón Enrique Ortega, quien ha venido conociendo el caso, hace un resumen sobre el proceso, estrictamente ajustado a derecho y a la verdad procesal y real, respondiendo con ello a las falsedades publicadas, las cuales han pretendido “politizar” y desviar las verdaderas causas que dieron origen a un litigio entre los dos socios de esa empresa, debido al comprobado fraude cometido por uno de ellos en perjuicio del otro.
Todo es producto de la perversidad de un abogado guayanés de nombre Alejandro Terán Martínez, a quien, seguramente por el cúmulo de irregularidades cometidas, en esa region le endilgaron el remoquete de ESCAPARATE y cuya reputación está signada por la presunta comisión de una serie de ilícitos, los cuales se pueden conocer a través de las redes sociales, especialmente en la aplicación denominada Google. Terán y el socio de dicha empresa Giraldie Aguilar Lozada, quien contrató sus servicios, llegaron al extremo de anunciar y difundir irresponsablemente, la locura y fantasiosa suposición de una posible afectación al funcionamiento de PDVSA, derivada del resultado del conflicto existente entre ambos socios.
Ese sujeto, “Escaparate” Terán Martínez, tiene en su haber el intento de solicitar al TSJ en fecha cinco (5) de diciembre de 2001, Expediente 01-2756, un Amparo Constitucional en contra del Presidente HUGO CHÁVEZ FRÍAS, aseverando actuar en nombre y defensa de derechos e intereses difusos y colectivos. En su escrito, aseguró que el Presidente cometió abuso de poder y alegó que era el culpable del clima tenso entre el gobierno y la oposición porque él solo propinaba insultos y amenazas a la sociedad civil. Dicha solicitud fue declarada INADMISIBLE, por carecer de fundamentos lógicos la cualidad que se abrogaba. De igual manera, el 13 de septiembre de 2000, Expediente 00-2600, intentó una acción de Amparo Constitucional en contra de una presunta omisión que recaía en la Asamblea Nacional, la cual fue declarada IMPROCEDENTE. También, el cuatro (4) de julio de 2000, Expediente 00-0157, solicitó un Antejuicio de Mérito en contra de JAVIER ELECHIGUERRA, Fiscal General de la República para entonces, por considerar que su gestión era “Negligente y poco eficaz”. El TSJ sentenció que era IMPROCEDENTE CONTINUAR con la mera tramitación de esta acción tan infantil y descabellada.
En el caso judicial de ICM Proyectos 2001, C.A.; la Fiscalía Nonagésima Cuarta (94) con competencia nacional, determinó, bajo elementos de convicción debidamente verificados ante los órganos y autoridades competentes, mediante experticias técnicas de ley que rielan y constan en la causa, la comisión de diversos delitos como falsificación de firmas, falsa atestación ante funcionarios públicos, corrupción de funcionarios públicos, usurpación de identidad, concierto para delinquir, entre otros, en perjuicio del accionista JESÚS ALBERTO PÉREZ OROPEZA, toda vez que como resultado de estos actos, el ciudadano GIRALDIE JESUS AGUILAR LOZADA por conducto de su señora madre, a quien aberrada e inhumanamente utiliza como testaferra, se ha beneficiado con dos incrementos de su capital accionario a más del 99%, mediante la elaboración de actas de Asambleas irritas, procedentes de actos NULOS; hechos probados de manera legal.
JESÚS ALBERTO PÉREZ OROPEZA, víctima comprobada en esta causa, se vió en la necesidad de denunciar estos actos y allí se inició el proceso judicial. Sin embargo, el abogado “Escaparate” Terán afirmó que esa causa, la cual actualmente riela en el tribunal correspondiente, es “netamente mercantil”…¿Cómo puede ser materia mercantil la falsificación de firmas? hecho comprobado por experticia grafotécnica realizada por el CICPC; incluso, los movimientos migratorios de los accionistas indican que no se encontraban en el territorio nacional para el momento del registro fraudulento de las actas de asambleas, ya que dichos accionistas viven en el extranjero desde el año 2016, defraudando de este modo la formalidad requerida para tal fin. De igual manera, no puede ser materia “netamente mercantil” el aprovechamiento fraudulento de bienes y recursos obtenidos a través de tales acciones.
Según “Escaparate” Terán, en este caso, “no existe víctima ni imputados” y siempre ha querido darle un cariz político a esta serie de hechos delictivos para congraciarse con el gobierno, tratando de enmendar sus contrarias actuaciones anteriores, queriendo con ello, procurar una solución que no conseguiría por la vía judicial. Hoy, está demostrado que JESÚS PÉREZ OROPEZA ES LA VÍCTIMA de este affaire, razón por la cual YA FUERON IMPUTADOS los ciudadanos:
CARLOS ALBERTO RONDÓN BORGES,
JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA,
OMAR BETANCOURT,
EGLIANYS ARYANA D’LUCIA REVILLA GUIÑAN,
ARGENIS REVILLA
y ANA LUCIA GUIÑAN DE REVILLA.
Además de estas decisiones, la Junta Directiva AD HOC de ICM Proyectos 2001, C.A., designada por el tribunal, HA SIDO PLENAMENTE RESTITUIDA, lo cual dará claridad al manejo administrativo de la empresa, procurando salvaguardar los intereses de los socios, de los empleados, y de la propia empresa. Sin embargo, en una clara violación al mandato del Tribunal, quienes están al frente de dicha empresa, NO LES HAN PERMITIDO ASUMIR SU RESPONSABILIDAD, desacatando el mandato del Tribunal, cometiendo y sumando un nuevo delito a los ya imputados. Una comisión especial designada por el Juzgado, ya determinó en la sede administrativa de la empresa ICM PROYECTOS 2001 C.A., que efectivamente hubo aprovechamiento irregular de los recursos de la empresa en beneficio de GIRALDIE JESUS AGUILAR LOZADA, JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA y CARLOS ALBERTO RONDON BORGUEZ, entre otros.
De nada les valió la connivencia con JOSE MACSIMINO MARQUEZ GARCIA, juez provisional designado en el juzgado que conoce la causa, pues éste delincuente, como ya es público, fue apresado por su estrecha vinculación en la conocida trama de corrupción liderada por Tareck El Aissami.
Al no poder litigar por no saber, como lo haría un jurista, “Escaparate” Terán Martínez, se ha dedicado a calumniar a Pérez Oropeza, a través de un periodista que se ha prestado para esa patraña, quedando ambos muy mal parados, al demostrarse que los hechos denunciados obedecían a la verdad, razones por las cuales ya fueron imputados los citados autores materiales, de los delitos denunciados. Además, según conoció el Dr Ramón Enrique Ortega, ya están listas las imputaciones de los otros protagonistas de esta canallada contra Pérez Oropeza, quienes por estar fuera del territorio de Venezuela, pretenden que la justicia no les alcance el brazo de la justicia. Dichas medidas se conocerán en los próximos días de despacho.
