En las últimas semanas, el gobierno de Venezuela ha impulsado tres leyes que, según la ONG Laboratorio de Paz, podrían tener un impacto significativo en las elecciones y reducir aún más el espacio cívico.
El 3 de abril, Nicolás Maduro promulgó la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba. Esta ley, en su artículo 6, establece que Venezuela no se someterá a mecanismos de resolución de disputas por parte de terceros, incluyendo arbitrajes y la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Además, prohíbe en su artículo 25 que las personas que hayan apoyado directa o indirectamente a la República Cooperativa de Guyana puedan optar a cargos electos. A pesar de lo que dice la ley, el 9 de abril, Venezuela presentó documentos en la CIJ para defender su posición en la disputa.
Además, se impulsó la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y expresiones similares, que fue aprobada en primera discusión el 2 de abril. Según la ONG, la aprobación de esta ley significará “el fin de la pluralidad política y la libertad de expresión”. Sus artículos del 12 al 17 tendrían un impacto directo en las elecciones, permitiendo la disolución de organizaciones y la prohibición de acceso a cargos públicos para quienes “hayan adoptado conductas que directamente promuevan o hagan apología del fascismo”.
La organización Acceso a la Justicia considera que esta no es solo otra ley represiva, sino un “cambio en el sistema penal venezolano, transformando el sistema sancionatorio existente”.
La tercera ley sería la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones sociales sin fines de lucro. Este documento establecería “el régimen de constitución, registro y funcionamiento de las organizaciones sociales sin fines de lucro”, obligando a todas las asociaciones del país a gestionar un nuevo registro para su funcionamiento.
Durante la semana del 8 al 12 de abril, una Misión Exploratoria de la Unión Europea visitó Venezuela para reunirse con las autoridades nacionales y electorales, así como con diferentes sectores de la sociedad, para evaluar la posibilidad de realizar observación electoral, según lo establecido en el Acuerdo de Barbados.
El 5 de abril, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que invitaría a “67 organismos electorales de todo el mundo, así como a diferentes personalidades, y las listas de acompañantes que emanen de las organizaciones con fines políticas”. Se esperaban las visitas del Centro Carter y del Panel de Expertos de Naciones Unidas para coordinar “detalles logísticos de su despliegue y acompañamiento al proceso electoral”.
Posteriormente, el 11 de abril, el CNE firmó un “acuerdo de observación” con el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) y el Observatorio de Pensamiento Estratégico para la Integración Regional (Opeir).
