Descubre las implicaciones y resultados de la visita del fiscal de la CPI, Karim Khan, a Venezuela. ¿Cómo afectará esto a la justicia y los derechos humanos?
Esta semana, Venezuela recibió la cuarta visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan.
Esta visita tuvo como objetivo formalizar la puesta en funcionamiento de la oficina de la Fiscalía en Caracas. Esta oficina prestará asesoría técnica al Estado venezolano en aspectos como la adecuación de las leyes penales al Estatuto de Roma.
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La apertura de esta oficina ya había sido anunciada durante visitas previas a Caracas entre 2022 y 2023. En noviembre de 2021, Khan y el gobierno de Nicolás Maduro suscribieron un memorando de entendimiento que sentó las bases para la cooperación.
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Es importante aclarar que este proceso es independiente de la investigación que cursa en la CPI sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad ocurridos en 2017. Durante su reciente estadía, Khan dejó entrever que la cooperación es distinta a la búsqueda de justicia para las víctimas.
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Se espera que la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela desempeñe varias funciones importantes:
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Asistencia técnica: La oficina puede ayudar a que en Venezuela se incluyan delitos que están en el Estatuto de la CPI, pero no en el derecho penal venezolano, como el delito de persecución.
- Asesoramiento: La oficina puede asesorar en la aplicación del protocolo de Minnesota para que se investiguen adecuadamente las muertes de personas bajo la custodia del Estado.
- Mejora del funcionamiento del país: El objetivo de la oficina es ayudar a mejorar el funcionamiento del país en materia de justicia y respeto a los derechos humanos.
- Observación en el terreno: Aunque la oficina no tendrá vinculaciones directas con las víctimas ni recibirá denuncias, estará en el terreno y sabrá lo que ocurre, lo que le permitirá tener una observación clara de la actuación del Estado con respecto a los derechos humanos en el país.
La oficina de la CPI
No dará declaraciones públicas, ya que no es la naturaleza de su trabajo. Además, la cooperación con la CPI no frenará la investigación por crímenes de lesa humanidad en la Corte.
Por último, se espera que el Estado venezolano se comprometa a seguir los estándares del Estatuto de Roma y a darle funcionalidad a la Oficina dentro de tres semanas. Sin embargo, la duración del funcionamiento de la oficina puede ser indefinida.
