VENEZUELA/ James Ramos Ariza, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia,  afirma que el incremento del valor de  la unidad tributaria carece  de un  procedimiento idóneo.

Precisa que los 20 mil bolívares de la unidad tributaria, según Gaceta Oficial No. 42.100 de fecha 06 de Abril del 2021, no concuerdan con el  efecto inflacionario que vive actualmente  el país; aspecto que  sí contemplaba el  Código Orgánico Tributario (COT), en cuyo articulado se establecía como referencia para fijar el valor de la U.T; la  variación producida en el Índice Nacional  de Precios al Consumidor, publicado por el Banco Central de Venezuela.

El ajuste presentado, apenas representa 1.233%  de incremento, muy por debajo de la inflación interanual en Venezuela 3.623%.

A Juicio de Ramos, este desfase  del reconocimiento de la inflación en el valor de la UT, trae como consecuencia un proceso de distorsión en algunas  obligaciones tributarias, entre ellas,  el  aporte dispuesto en la Locti y el aporte administrado por Fondeporte.

Estas contribuciones usualmente son aplicadas a empresas con un alto nivel de facturación o consideradas grandes empresas,  pero que en los actuales momentos, debido al rezago en el valor  que presenta la U.T; toda pequeña y mediana empresa se encuentra en la obligación dedeclarar y pagar estos aportes,  aumentando, de esta manera, su carga tributaria.

Esta situación violenta el Art. 316 de la Constitución Nacional, el cual establece que  “El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente”.

Dentro del mismo orden de Ideas, señaló Ramos, que para el ejercicio fiscal 2021, todos los trabajadores,en su condición de contribuyente, estarán obligados a presentar su declaración de Impuesto sobre la Renta (ISLR), según lo indicado en el artículo 77 de la Ley que regula el tributo.

Situación generada como efecto del mismo problema de distorsión en la falta de reconocimiento de la inflación en el valor de UT, quedando a la espera de la posibilidad de obtener un beneficio a través de una exoneración por parte de la administración de Maduro, para evitar o rebajar el pago de un impuesto sobre una renta inexistente, divorciada completamente de la realidad económica del contribuyente, situación esta que podrían originar sanciones que afectarían a los contribuyentes.

Al  ser consultado sobre la ordenanza municipal, Ramos Ariza manifestó que el Gremio de Contadores Públicos se suma al exhorto hecho por diversas cámaras del estado al burgomaestre de Maracaibo:

“estamos obligados a respetar la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Es preocupante cómo las empresas se encuentran quitando avisos porque no tienen cómo pagar impuestos por inmuebles, publicidad, sin mercancía en estado de ocio o el pago de servicios que no se prestan al contribuyente, imponiendo cobros desmedidos de tasas y servicios que desafortunadamente terminan fomentando la informalidad de la economía, propiciando la evasión y el cierre de empresas, que se traducen en una pérdida de fuentes de empleo y  en pérdida de clientes a los contadores públicos”.

También asegura Ramos que desde el gremio de contadores públicos inició una campaña para promover la ética profesional del contador público ya que “Venezuela requiere de profesionales con valores  y ética, capacitados para afrontar esta difícil crisis que estamos viviendo”.