De enero a septiembre murieron 21 personas en manos de los cuerpos de seguridad del Estado, según cifras presentada por la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) en informe de una investigación especial realizada por la organización.

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Este número de fallecidos, representa un aumento de 508% respecto al número de víctimas contabilizado en el 2018.

El Cicpc y la Dgcim, resaltan entre los cuerpos de seguridad que incrementan estas cifras.

Este incremento en la cifra, es difundido en un contexto en el que Venezuela está en la mira internacional por las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país por parte del régimen de Nicolás Maduro.

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La mayoría de las personas torturadas fueron presos comunes, pero de acuerdo al perfil socio-económico de las víctimas, los militares fueron, por segundo año consecutivo,los principales afectados por la tortura en Venezuela.

Esta es la primera de una serie de cuatro entregas sobre violaciones al derecho a la integridad personal registradas entre enero y septiembre de 2019 por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

Luis Alcides Alviarez de 33 años fue detenido el 19 de septiembre de 1989 cuando efectivos de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), se presentaron en su casa preguntando por su padre. Esa misma tarde sus familiares se enteraron de su muerte en las dependencias de la DIM en Boleíta Norte, Caracas. La versión oficial indicó que Luis Alcides se había ahorcado, pero cuando sus familiares recibieron el cadáver notaron que presentaba rastros de haber recibido una brutal golpiza. Su cuerpo tenía fracturas y quemaduras.

Los familiares afirmaron que Alviarez no tenía antecedentes penales o policiales y tampoco sufría de trastornos emocionales que lo indujeran a suicidarse.

El director de la DIM, Herminio Fuenmayor, explicó que Luis Alcides fue citado para un interrogatorio por una comisión del Tribunal Militar de San Cristóbal a causa de la pérdida de un cheque por Bs. 55.000 de la Proveeduría Militar de San Cristóbal en el estado Táchira. La esposa de la víctima trabajaba en esa dependencia y había hecho denuncias de irregularidades con desfalcos de hasta Bs. 2 millones ante la Contraloría Interna de las Fuerzas Armadas, lo que causó la destitución de varios funcionarios.

La familia presumió que se trató de una venganza provocada por las denuncias de corrupción que hizo la esposa de Luis Alcides Alviarez.

Alviarez fue la cuarta víctima asesinada por tortura que Provea registró en su primer Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Ese año, la organización expresó su preocupación por la práctica de la tortura a manos de funcionarios militares y policiales del país, y advirtió que, a pesar de su recurrente uso como mecanismo de castigo contra detenidos, no constituía aún un patrón de abuso sistematizado y de empleo generalizado.

Era septiembre de 1989 y el país apenas se recuperaba de las terribles heridas causadas por el suceso conocido como “El Caracazo”, en el que cientos de personas fueron víctimas de abusos por parte de los agentes de la fuerza pública, en medio del desesperado intento del gobierno de Carlos Andrés Pérez por aplastar el descontento social.

Al publicar su reporte correspondiente al período octubre 1988 – diciembre 1989, Provea contabilizaba un total de 10 casos de torturas, con 4 personas fallecidas a consecuencia de los castigos infligidos por policías y militares.