VENEZUELA / Pagar en dólares o criptomonedas en Venezuela saldrá caro. La Reforma de Ley aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional así lo establece. La dolarización transaccional que en gran medida brindó un aire a una economía hiperinflacionaria como la venezolana será castigada por el Gobierno de Maduro. Al menos eso se deja entrever en la Reforma de la Ley Impuesto a las Grandes Transacciones Comerciales.

Al concretarse la reforma, las transacciones en dólares o criptomonedas, distintas al petro, deberán pagar un impuesto que podría alcanzar hasta el 20% del valor de la transacción, según disponga el Ejecutivo Nacional.

Pero que el nombre de la Ley no engañe. La reforma de la Ley Impuesto a las Grandes Transacciones Comerciales está dirigida a todas las transacciones, no solo a las grandes. O al menos estamos hablando de todas las transacciones que involucran al sector privado del país y al ciudadano de a pie, que en los últimos años, y motivado a la hiperinflación venezolana, ha sustituido el bolívar por el dólar e incluso por las criptomonedas como una forma de refugiarse y evitar la devaluación.

Entonces, un ciudadano cualquiera que desee pagar en cualquier local comercial con divisas o criptos deberá cancelar este impuesto, y si tomamos en cuenta que los últimos datos publicados por la empresa consultora Ecoanalítica apuntan a que el 65% de las transacciones comerciales se pagan en moneda extranjera en el país, entonces el impuesto arropa a la mayor parte de los venezolanos.

¿Qué dice la Ley?

La Reforma de la Ley se realizó específicamente para incluir un impuesto a todas las transacciones en dólares y en criptomonedas que se realicen en el país.

En esta reforma se señala que los pagos en divisas o con criptoactivos distintos al petro que haga cualquier persona natural o jurídica, a través de la mediación de una institución financiera, deberán pagar un impuesto que puede comprender entre 2% y 8%. Sin embargo, mientras el Ejecutivo establece cuál será la alícuota a pagar, esta quedará en el rango de 2,5%.

Por otra parte, en el caso de que una persona natural o jurídica desee pagar con divisas en efectivo o criptomonedas sin utilizar una institución financiera avalada por el Gobierno de Maduro, entonces el impuesto podría ir desde 2% a 20% del valor de la transacción. Al igual que en el primer caso, la alícuota quedará inicialmente en 2,5%, pero corresponderá al Ejecutivo Nacional, en este caso a Maduro, decidir cuánto impuesto cobrará.

Una de las novedades de esta Ley es que antes se aplicaba a los sujetos pasivos especiales y ahora se va a a aplicar a toda persona natural y jurídica (a pesar que no sea un sujeto pasivo especial).

Según la Ley, los sujetos pasivos especiales son todas aquellas empresas cuyo umbral de ingresos brutos anuales sea mayor a 30 mil unidades tributarias ($129). El monto tan pequeño de ingresos hace que prácticamente todas las empresas entren en esta categoría.

¿Qué busca el Gobierno de Maduro con esto?

En su exposición de motivos, la Reforma de la Ley plantea que tiene como fin «incentivar en términos tributarios el uso del Bolívar, haciendo más barato su uso respecto de las divisas, apoyando así al fortalecimiento gradual de nuestra moneda nacional».

Sin embargo, otra razón para este impuesto está en la necesidad que tiene el Gobierno de Maduro de atrapar una tajada del dinero que circula en divisas en el país y que puede traducirse en mayores reportes para el fisco. El economista y CEO de Olmos Group Venezuela, Aaron Olmos, pone el foco en este asunto. Señala que esta reforma de Ley no es un movimiento aislado, sino la punta del iceberg sobre lo que se viene en cuanto a las formas en que Maduro busca obtener dinero

La publicación en Gaceta Nacional del aumento de las tasas en Registros y Notarías hace apenas unos días pone en manifiesto la necesidad del gobierno de obtener entrada de divisas por la vía interna.

«En principio, cada vez que se modifica una Ley en términos fiscales es para recoger dinero del mercado interno y con eso también financiar el gasto público. Aunque en esta ocasión también busca estimular el uso del bolívar al intentar desestimular el uso de otros mecanismos de pago», señala Olmos.

Para Olmos esta no es la vía correcta. El Gobierno quiere saltarse la vía más complicada que es activar el aparato productivo, sentarse con los empresarios y cambiar la política del Banco Central de Venezuela respecto al encaje legal, y esto no va a funcionar.

Quien hizo la Ley hizo la trampa

Que la Ley señale que las transacciones en dólares deban pagar impuestos es una cosa, que se aplique en la práctica es otra. Para el economista Aaron Olmos en Venezuela se puede presentar un escenario en el que los comercios y las personas que transen en dólares en efectivo o que en criptomonedas busquen saltar el nuevo impuesto que procura recolectar Maduro.

El talón de Aquiles de la Ley se encuentra en la incapacidad del Gobierno de poder determinar a ciencia cierta cómo fue el pago en un establecimiento. A menos que se pague con una tarjeta de débito asociada a una cuenta en dólares de la banca nacional, el uso del efectivo podría pasarse como pago en bolívares sin mucho inconveniente.

«Generalmente cuando te dan una factura, así pagues en dólares, el valor de la factura se ve reflejado en bolívares a la tasa de cambio del día», apunta Olmos.

Con el tema de las criptomonedas es aún mucho más complicado: «La única manera que el gobierno de un país pueda imponerte una alícuota para el pago de impuestos es que ellos sepan y tengan el conocimiento técnico de quienes hacen, qué operaciones, en que medida y por cual vía»,

Para Olmos, en un país como Venezuela, que usa regularmente criptoactivos como Bitcoin o USDT, sería necesario que el sector comercio tenga una plataforma en la que señale inmediatamente qué tipo de pago recibe para poder cobrar este impuesto de forma automática, pero además el comercio debe desear hacer esto, porque hasta el Gobierno no tiene forma de saber que recibió alguien en su billetera digital, por ejemplo.

¿Los comercios se podrían saltar la norma?

El contador, abogado y socio de asesoría fiscal PwC Venezuela, José Javier García, asegura que aunque el Gobierno no tenga una forma clara de ver cómo entra el dinero a una empresa, el Seniat aun puede fiscalizar a los comercios.

García afirma que a la hora de fiscalizar, el Seniat puede determinar si el ingreso en las cuentas del sistema nacional no corresponde al total de la facturación. Con esto pueden deducir que el dinero restante fue cancelado en divisas y criptomonedas.

«Esto puede representar un problema legal que los comercios, al menos los grandes, no quieran asumir solo para evitar que los clientes dejen de pagar el 2,5% de la alícuota», señala.

¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión?

Aunque la decisión no sorprende, los especialistas advierten que esta búsqueda de Maduro por atrapar una tajada del dinero que circula en divisas puede acarrear grandes consecuencias en el plano económico, donde la banca podría ser una de las grandes afectadas.

Para el economista Aaron Olmos, uno de los objetivos de la banca venezolana para este año es que tú puedas utilizar tu tarjeta de debito para pagar en dólares cuando tú vayas para la panadería y compres el pan, el queso y la leche para la cena. Sin embargo, con esta nueva Ley se podría reducir el avance de este proceso debido a que parte de las personas que podrían tener estas cuentas en dólares no lo hagan porque no están dispuestos a pagar este dinero.

«Se trata de una medida que afecta a toda la población venezolana y hay desconocimiento total sobre su impacto. Lejos de generar beneficios, esta medida aumenta significativamente la carga fiscal de las personas y las empresas», señala el abogado José Javier García en un informe sobre esta Ley.

¿Cuándo entrará en vigencia la reforma de La Ley?

La Reforma de la Ley Impuesto a las Grandes Transacciones Comerciales ya fue aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional, sin embargo, esto no quiere decir que deba ejecutarse inmediatamente.

Según el contador y abogado, José Javier García, es necesario que se dé una segunda discusión en la Asamblea Nacional y después de eso debe ser publicada en Gaceta Oficial. «La propuesta señala que 30 días después de la publicación en Gaceta se debe empezar a aplicar la Ley».

Esta segunda discusión que debe darse no tiene un lapso definido, como puede tardarse unos días, puede tardarse también meses.