VENEZUELA/ La ONG Una Ventana a la Libertad (UVAL) indicó que entre octubre de 2021 y marzo de 2022 murieron al menos 18 privados de libertad en comisarías ubicadas en siete regiones de Venezuela que cuentan con un hacinamiento mayor al 200%.
«La desnutrición y las enfermedades infectocontagiosas, como la tuberculosis y el VIH, siguen siendo los principales problemas de los calabozos policiales en el país, de acuerdo con la investigación más reciente del equipo de Jornadas Médicas de Una Ventana a la Libertad del Área Metropolitana de Caracas y los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, Vargas y Zulia», expresó la ONG en un comunicado de prensa.
Añade que del total de la población penitenciaria investigada (8.266 reclusos en 151 Centros de Detención Preventivas), los investigadores contabilizaron 554 casos de desnutrición (6,7 %), 207 de tuberculosis (2,5 %), 45 con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) (0,6 %) y 24 con COVID-19 (0,3 %).
Destacan que pese a no contar con las cifras oficiales, «por trabas en el acceso a la información por parte de las autoridades penitenciarias», el equipo de investigadores de Una Ventana a la Libertad determinó que entre octubre de 2021 y marzo de 2022, al menos 18 privados de libertad fallecieron por causas relacionadas a complicaciones de salud.
«Estas condiciones de los privados de libertad están lejos de ser solventadas, debido a que las condiciones de estos espacios, capacitados para albergar reclusos por lapsos de 48 horas, no son las más adecuadas», puntualizan.
De los 151 calabozos policiales estudiados por Una Ventana a la Libertad se determinó que solo 59 cuentan con servicio de agua potable (39 %), 67 con baños (44 %) y 90 con servicio de recolección de basura (59,6 %).
«Bajo estas condiciones, los privados de libertad quedan expuestos a estas enfermedades», alerta la ONG.
Por último, manifiestan que por medio de jornadas de salud de Una Ventana a la Libertad y la organización Proyecto Once Trece, se han logrado realizar jornadas médicas y de atención a los privados de libertad en los centros de detención preventiva de varios estados de Venezuela.
