Casal pidió a la Corte Suprema incluir el cargo de asociación ilícita en la condena de Cristina Fernández. La pena podría duplicarse hasta 12 años.
El procurador general interino de Argentina, Eduardo Casal, solicitó este jueves a la Corte Suprema que se sume el delito de asociación ilícita a la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ya recibió una pena de seis años de prisión por corrupción en la adjudicación de obras públicas. De aceptarse, la pena podría duplicarse hasta alcanzar los 12 años.
Casal respaldó así el recurso presentado por el fiscal general de Casación, Mario Villar, quien consideró que los tribunales inferiores subestimaron la magnitud de las irregularidades. Estos tribunales habían considerado que las 51 obras públicas cuestionadas correspondían a un único delito. Sin embargo, Casal advirtió que este enfoque simplifica un esquema comprobado de corrupción sistemática.
“El fiscal general explicó, con toda razón, que no hay ninguna justificación para acudir a ese artificio”, señaló Casal en su dictamen, que fue difundido por agencias internacionales. El procurador agregó que los contratos se otorgaron de forma fraudulenta a un mismo empresario, Lázaro Báez, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
La Corte deberá decidir si agrava la pena
Además de cuestionar la calificación legal, Casal pidió revisar los fundamentos que llevaron a descartar la asociación ilícita. En su análisis, sostiene que hubo un plan delictivo para beneficiar a un contratista cercano al poder político. Por lo tanto, reclama que se reconozca ese patrón como parte de una organización criminal.
Por otro lado, la defensa de Cristina Fernández ha insistido en que se trata de una persecución judicial con fines políticos. Asegura que la expresidenta no tuvo participación directa en las licitaciones y que no existen pruebas que vinculen su figura con la supuesta asociación ilícita.
La Corte Suprema tendrá ahora la última palabra. Si acepta el pedido del procurador y del fiscal Villar, la expresidenta enfrentaría una pena mayor, con nuevas consecuencias legales y políticas. Este caso, que ya ha sacudido el panorama argentino, podría marcar un nuevo precedente en los juicios por corrupción de exmandatarios en América Latina.
EFE-El Nacionalista
