Nicolás Maduro propone una reforma constitucional para «fortalecer la soberanía», mientras expertos advierten sobre su uso represivo. Conoce los detalles.
A finales de diciembre de 2024, Nicolás Maduro anunció su intención de impulsar una reforma constitucional para «consolidar la soberanía popular». Sin embargo, expertos y opositores advierten que esta iniciativa busca legalizar prácticas represivas y perpetuar el control del chavismo en Venezuela.
Maduro designó una comisión integrada por figuras cercanas a su gobierno, como los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, el fiscal Tarek William Saab, el ministro Vladimir Padrino López y su esposa, Cilia Flores. Según el mandatario, la reforma incluirá «penas draconianas» contra quienes «atenten contra la paz del país».
Expertos consultados por El Nacional señalan que esta reforma busca regularizar acciones represivas ocurridas tras las elecciones del 28 de julio de 2024, donde Maduro fue declarado ganador pese a denuncias de fraude.
En 2017, Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente que arrebató funciones a la oposición y aprobó leyes como la Ley contra el Odio. Sin embargo, esta nueva reforma ocurre en un contexto de crisis de legitimidad, tras las elecciones donde la oposición y la comunidad internacional denunciaron irregularidades.
El politólogo Walter Molina explica que la reforma responde a la derrota política del chavismo antes, durante y después de las elecciones. «El chavismo busca reconstruir una estructura legal que le permita sostenerse a la fuerza», afirma.
Preocupaciones y represión
Dirigentes opositores y organizaciones civiles han expresado su preocupación. Consideran que la reforma busca consolidar un modelo autocrático, eliminando cualquier vestigio de institucionalidad republicana.
Tras las elecciones, el régimen desplegó una ola represiva que incluyó detenciones masivas y restricciones a la disidencia. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció cambios legales para inhabilitar a opositores y restringir operaciones de ONG.
La reforma constitucional propuesta por Maduro genera alerta por su posible uso represivo. Mientras el chavismo busca consolidar su poder, la oposición y la sociedad civil denuncian un intento de institucionalizar el control político y social en Venezuela.