Alexis Zárraga, médico gastroenterólogo, fue encarcelado en Falcón por opinar en WhatsApp. La «ley contra el odio» del régimen de Maduro silencia disidencias.
Un tribunal del estado Falcón, Venezuela, condenó al médico gastroenterólogo Alexis Zárraga a prisión por compartir opiniones críticas contra el gobierno de Nicolás Maduro en grupos de WhatsApp. Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) lo arrestaron el 14 de febrero, y el Tribunal Quinto de Control de Coro confirmó su privación de libertad bajo la acusación de “instigación al odio”, un delito frecuentemente usado para criminalizar la disidencia.
Según reportes de medios locales y la ONG Espacio Público, Zárraga expresó su descontento en chats privados, lo que desencadenó su detención. Sin embargo, ni familiares ni abogados conocen los mensajes exactos que motivaron la acusación. Además, el SEBIN actuó sin una orden judicial clara, una práctica habitual en Venezuela.
El portal VPI TV y el medio regional Nuevo Día confirmaron que la Fiscalía Cuarta de Falcón solicitó la medida, aunque el paradero del médico sigue sin revelarse.
De igual forma, la llamada “ley contra el odio”, aprobada en 2017 por la Asamblea Constituyente chavista, respalda estas acciones. Esta normativa, criticada por su ambigüedad, permite al gobierno castigar expresiones con penas de 10 a 20 años de cárcel y obliga a eliminar contenido en redes sociales en menos de seis horas.
La ley contra el odio: Un instrumento de censura
La legislación, considerada inconstitucional por expertos, ha sido usada para silenciar críticas tras las elecciones de julio de 2024, donde Maduro se autoproclamó ganador. Desde entonces, las detenciones por “incitación al odio” se dispararon: periodistas, activistas y ciudadanos comunes enfrentan prisión por cuestionar al régimen, muchas veces delatados por simpatizantes oficialistas.
Por otro lado, organizaciones de derechos humanos alertan que estas medidas buscan infundir miedo y autocensura. “La libertad de expresión está en riesgo”, denunció Espacio Público en redes sociales, subrayando que el artículo 57 de la Constitución venezolana garantiza este derecho.
Aumento de la represión en 2025
Además, la norma impone multas superiores a 10.000 dólares a quienes no retiren contenido etiquetado como “ofensivo”, incluso sin pruebas claras. Esto coarta no solo la libertad de expresión, sino también el acceso a información veraz.
La detención de Alexis Zárraga evidencia la erosión sistemática de las libertades en Venezuela. Mientras el gobierno insiste en usar leyes ambiguas para controlar el discurso público, la comunidad internacional y organizaciones locales exigen justicia. La pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo el régimen de Maduro seguirá usando el miedo como herramienta de poder?
El caso de Zárraga no es aislado. En lo que va de 2025, el régimen intensificó la persecución contra críticos. La Fiscalía, controlada por el chavismo, prioriza aplicar la ley contra el odio sobre derechos fundamentales, contradiciendo tratados internacionales.
