El Congreso de El Salvador aprobó una ley que aumenta penas por corrupción y homicidios, incluyendo nuevos delitos como el «testaferrato»
El Congreso de El Salvador aprobó una reforma al Código Penal que aumenta las penas por delitos como corrupción, homicidio y robo. Además, incluyó nuevos delitos como el «testaferrato», que castiga a quienes presten su nombre para adquirir bienes con dinero ilícito.
La nueva ley, respaldada por 59 de los 60 diputados, refuerza la política de «mano dura» del presidente Nayib Bukele, quien ha ganado popularidad por su lucha contra la violencia y las pandillas.
Nuevas medidas contra la corrupción
La reforma obliga a los funcionarios públicos a presentar un informe detallado de sus activos y pasivos, incluyendo los de sus cónyuges e hijos. Estos informes serán publicados por el Ministerio de Hacienda en un plazo de 15 días.
Además, se incrementaron las penas por enriquecimiento ilícito, que ahora oscilan entre 5 y 15 años de prisión, frente a los 3 a 10 años anteriores. El peculado, que antes tenía condenas de hasta 8 años, ahora podrá castigarse con hasta 12 años de cárcel.
Por otro lado, se creó el delito de «testaferrato», que conlleva penas de 3 a 6 años de prisión para quienes faciliten su nombre para ocultar bienes obtenidos mediante corrupción.
Penas más duras para homicidios y robos
La reforma también incrementó las penas por homicidio y robo. El homicidio simple ahora se castiga con 25 a 35 años de prisión, mientras que el homicidio agravado puede llegar hasta 60 años.
De igual forma, el robo simple tendrá penas de hasta 20 años, y el robo agravado, hasta 30 años. Estas medidas buscan disuadir la comisión de delitos violentos en el país.
Ampliación de la prisión preventiva
Otra novedad es la ampliación de la prisión preventiva, que ahora podrá extenderse hasta la mitad de la pena máxima del delito por el cual se acusa al imputado. Anteriormente, este tipo de prisión tenía un límite de dos años, con posibilidad de prórroga por un año más.
Críticas y desafíos
Aunque la reforma ha sido celebrada por sus impulsores como un «modelo para la región», organizaciones de derechos humanos han criticado el régimen de excepción implementado por Bukele, que ha permitido más de 83,000 detenciones desde marzo de 2022.
Estas organizaciones denuncian arrestos sin orden judicial, torturas y muertes bajo custodia policial. Sin embargo, el gobierno salvadoreño insiste en que estas medidas han reducido significativamente los índices de violencia en el país.
Con esta nueva ley, El Salvador busca consolidar su imagen como un país comprometido con la transparencia y la lucha contra el crimen organizado.
EFE-El Nacionalista
