En el Centro de Control y Resguardo del Detenido de la Policía Nacional Bolivariana, conocido como la «Zona 7» en Boleíta, personas que esperan noticias sobre sus familiares detenidos.
Un piquete de policías custodia la entrada, mientras la incertidumbre en los rostros de quienes esperan se percibe en el ambiente, afectando a todos los presentes.
Los familiares no saben qué esperar. Conectados a sus celulares, consultando redes sociales y mensajes de WhatsApp, intentan atar cabos de informaciones incompletas, buscando un rayito de esperanza que alivie la angustia que sienten.
Los policías, «Nosotros estamos aquí para brindar apoyo. Lo que te podamos decir no es exacto y ustedes no pueden decir mentiras».
Relatos de familiares de los detenidos en la zona 7
Una señora nos pide que no tomemos fotos, temiendo por la seguridad de su hijo, detenido desde el 30 de julio. Nos acercamos a las personas en la fila y prometemos no identificarlas, para conocer sus historias y entender su situación.
«Estamos muy asustados. Sentimos la amenaza constante», nos cuenta una madre, quien llega temprano todos los días esperando alguna novedad. No han podido ver a sus familiares y no pueden contar con abogados privados, una medida que aseguran es una orden presidencial. Esta situación confirma la denuncia de Alfredo Romero, director del Foro Penal, que al 4 de agosto reporta 171 detenidos en el Distrito Capital.
Las presentaciones judiciales son colectivas y telemáticas, acusando a los detenidos de delitos como terrorismo, resistencia a la autoridad, asociación para delinquir, incitación al odio y obstrucción de vías públicas.
Las madres, ya expertas en leyes, recitan los artículos de la Constitución que consideran violados en los procedimientos.
Una madre nos cuenta cómo su hijo fue arrestado tras acudir a una cita médica en Altamira y verse atrapado en un disturbio. «Le robaron el celular y, en medio del caos, lo detuvieron. Nosotros trabajamos en la administración pública y no nos metemos en esos líos», relata, visiblemente asustada.
Otra madre explica que su hijo fue detenido tras participar en una marcha y tomarse una selfie. «Tiene 19 años y es un buen estudiante», dice, mientras espera sentada en la acera.
La comida y medicinas que envían a los detenidos se entregan entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, pero no tienen certeza de si llegan a sus destinatarios. «Ellos están mezclados con todos los presos, así que si uno manda una arepa, será para todos», explica otra madre.
