VENEZUELA / El año 2019 estuvo caracterizado por una marcada agudización de conflictos políticos y crisis social donde el derecho a libertad de expresión se vio fuertemente afectados, según el informe “Venezuela entre la oscuridad y la esperanza”, presentado este lunes por Humberto Prado, Comisionado de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, designado por Juan Guaidó.
El informe hace referencia a la violación del derecho a la libertad de expresión en el país. “El año pasado seis canales internacionales fueron sacados de la programación, 20 emisoras salieron del aire por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y se registraron más de 28 casos de bloqueos y ataques cibernéticos a sitios web informativos, en plataformas de redes sociales durante la transmisión de discursos o movilizaciones políticas opositoras”.
El informe presentado por Prado destaca que en el 2019 se registraron al menos 2.219 detenciones arbitrarias relacionas al ejercicio de la libertad de expresión. “La mayoría de las víctimas fueron trabajadores públicos y de la prensa, tanto nacionales como extranjeros, siendo algunos de estos expulsados del país tras su liberación”.
En cuanto a las actuaciones del FAES, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas señaló que, entre enero y mayo 1.560 personas fueron asesinadas, bajo el calificativo de “resistencia a la autoridad”, lo que esquematiza un patrón de conducta al momento de ejecutar acciones criminales.
“También han incurrido en todo tipo de crímenes, al momento de generar represión. El 95% de casos de tortura registrados por el Instituto de CASLA evidencian prácticas de violencia sexual”, expresó.
En cuando a la situación de los centros penitenciarios en informe la Comisión de DDHH señaló que en 2019 se reportó el deceso de 149 privados de libertad en centros de detención preventiva de 15 estados del país y se destaca los altos niveles de hacinamiento que se incrementó a 500%, debido a los detenidos en manifestaciones públicas.
El tema de la migración también fue abordado en el Informe del Comisionado de los DDHH y atención a la víctima en el que se destaca que en el año 2019 Venezuela experimentó el flujo de movilidad humana más grande de su historia, con 4.6 millones de migrantes y refugiados en todo el mundo.
Deterioro de los servicios públicos
El informe presentado por Prado hace referencia a las fallas en los servicios públicos que afectan a 4.3 millones de venezolanos. “La población no recibe agua potable de calidad. Un 48% de los consultados manifestó haber permanecido al menos tres días sin energía eléctrica, un 33% informó que pasan cuatro días sin el servicio y otro 4% respondió que pasa más de 7 días sin electricidad”.
Igualmente menciona a la profunda crisis de DDHH que padecen los pueblos indígenas, con la explotación laboral, sexual y la violencia que enfrentan las comunidades que trabajan en las minas del Arco Minero del Orinoco.
“El arco minero está poniendo en riesgo la existencia de 50 grupos étnicos tales como Pemón, Warao, Wayúu y Añú. Al menos 16 etnias reclaman la propiedad de esas tierras”.
Prado reiteró el llamado a todas las instituciones del país a cooperar, respetar y garantizar los Derechos Humanos.
Entre las recomendaciones formuladas por el Comisionado de Derechos Humanos y Atención a la Victima se encuentran: que se acaten las recomendaciones de la CIDH, que se investiguen las violaciones de DDHH y que los culpables llevados ante la justicia; los actos de la persecución contra la prensa y defensores de DDHH deben cesar; que se permita el ingreso de ayuda humanitaria al país; mantener la promoción de programas de atención a víctimas y a migrantes y que se garantice el derecho a los servicios básicos
