Exministro Ricardo Bonilla será imputado por tráfico de influencias e interés indebido en contratos ligados al mayor escándalo de corrupción del gobierno Petro.
La Fiscalía de Colombia anunció este martes que imputará al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por su presunta participación en el mayor escándalo de corrupción del gobierno de Gustavo Petro. La fiscal María Cristina Patiño confirmó que lo acusarán por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.
Según las investigaciones, Bonilla habría intervenido en la adjudicación de contratos por 92.000 millones de pesos colombianos (unos 21,4 millones de dólares), a cambio de apoyo político en el Congreso. El beneficio habría sido para seis congresistas que respaldaron la ampliación del cupo de endeudamiento solicitado por el Ejecutivo.
El caso forma parte del entramado de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El nombre de Bonilla salió a la luz luego de las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la entidad, ante la Fiscalía.
Además, la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, entregó pruebas clave que aceleraron la decisión de imputar a Bonilla. Según Patiño, el principio de oportunidad que permitirá a Benavides colaborar con la justicia será evaluado por un juez esta misma semana.
Escándalo salpica a altos cargos del Congreso
Este caso ha provocado una sacudida política en Colombia. La Corte Suprema de Justicia ordenó en mayo la detención de los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación.
Ambos fueron señalados de recibir millonarios sobornos con fondos desviados de la UNGRD. Dicho dinero, destinado a la compra de camiones cisterna para abastecer de agua a La Guajira, fue utilizado para pagar coimas, según el testimonio del exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, condenado a más de cinco años de prisión.
Los vehículos comprados, además de representar una malversación de fondos, no cumplían las condiciones técnicas necesarias, lo que agravó el daño al Estado.
Este escándalo continúa escalando y podría impactar aún más al círculo cercano del presidente Petro, cuyo gobierno enfrenta una de las mayores crisis de credibilidad desde su inicio.
