El SNTP documentó siete incidentes contra periodistas durante la jornada electoral del 25 de mayo en Venezuela, incluyendo intimidaciones y restricciones.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció al menos siete incidentes contra periodistas durante la jornada electoral del pasado sábado 25 de mayo en Venezuela. Los hechos ocurrieron en Caracas, Maracaibo, Maracay, Mérida y Apure, y fueron protagonizados por efectivos del Plan República y civiles no identificados.
Según explicó Marco Ruiz, secretario general del SNTP, las agresiones representan un patrón de censura previa, intimidación y obstáculos al ejercicio periodístico. Aunque se registró una disminución en comparación con elecciones anteriores, los casos documentados reflejan que la prensa sigue expuesta a restricciones arbitrarias.
Patrón de intimidación y censura
Entre los incidentes más comunes se encuentran la restricción al ingreso a centros de votación, la prohibición de registrar imágenes o hacer entrevistas y el hostigamiento directo a reporteros. En Caracas y Apure, periodistas no pudieron ingresar a centros electorales. En Maracaibo y la capital, efectivos del Plan República impidieron tomar fotografías y, en un caso, exigieron borrar el material capturado.
Por otro lado, en Mérida, un militar exigió fotografiar las credenciales de los comunicadores para permitir el ingreso a un centro, una acción no contemplada en las normativas electorales. Además, al menos tres medios fueron vigilados irregularmente.
El caso más grave ocurrió en Caracas, donde civiles armados interceptaron al periodista Daniel Garrido y su equipo. Los sujetos, sin identificación visible, los amenazaron y les exigieron mostrar credenciales mientras se encontraban cubriendo la jornada en la avenida México.
Estas acciones, según el SNTP, violan tanto el derecho de los periodistas a informar como el de los ciudadanos a recibir información libre y plural. El sindicato exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) garantizar condiciones seguras para la cobertura periodística y poner fin a estas prácticas intimidatorias.
