Un fallo de la Corte Suprema aumenta el temor de miles de hondureños en EE. UU. ante la posible eliminación del TPS bajo la administración Trump.
Más de 55.000 hondureños que viven legalmente en Estados Unidos temen perder su Estatus de Protección Temporal (TPS) tras el reciente fallo de la Corte Suprema que avaló la eliminación del programa para 350.000 venezolanos.
Migrantes hondureños viven con miedo por falta de certeza legal
El fallo generó preocupación entre las comunidades migrantes, especialmente en Florida, donde se concentra la segunda mayor población de hondureños con TPS. El permiso actual vence el próximo 5 de julio y, hasta ahora, la Administración de Donald Trump no ha anunciado su renovación.
“Nos sentimos preocupados porque ya no se está moviendo el TPS”, expresó Aarón Pineda, un migrante de 67 años que vive en Miami desde 1999. Según dijo, perder este beneficio implicaría no poder renovar su licencia ni mantener su permiso de trabajo.
El temor aumentó tras las declaraciones de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, quien calificó a los beneficiarios del TPS como “criminales”. Este lenguaje encendió las alarmas entre comunidades migrantes de otros países, como El Salvador, Haití y Nicaragua.
Además, migrantes como Elmes Alemán, dueño de un negocio de construcción en Florida, subrayaron que el fin del TPS afectaría la economía local. “Aquí los inmigrantes hacen el trabajo que otros no hacen”, dijo.
Por otro lado, el líder comunitario Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre en Miami, pidió al gobierno hondureño que interceda. Recordó que las remesas representan más del 25 % del PIB de Honduras y que sus compatriotas necesitan respaldo oficial ante la amenaza de deportación.
De igual forma, el canciller Enrique Reina aseguró en su cuenta de X que ha hecho gestiones con autoridades estadounidenses, incluida una reunión con la secretaria Noem, para defender la permanencia del TPS.
La incertidumbre se mantiene mientras las familias esperan una decisión que podría dividir hogares y poner fin a décadas de estabilidad legal.
EFE-ELNACIONLASTA
