El nuevo reglamento de extranjería en España busca regularizar a 900.000 migrantes, pero genera preocupación entre solicitantes de asilo y defensores de derechos.
Este martes entró en vigor el nuevo reglamento de extranjería en España. El Gobierno estima que con esta reforma regularizará a unas 900.000 personas en los próximos tres años. Sin embargo, organizaciones sociales, partidos y el Defensor del Pueblo han expresado preocupación por los efectos negativos que puede causar en colectivos vulnerables.
La reforma, que modifica una norma vigente desde hace 13 años, adapta la legislación a la realidad migratoria actual. Además, el Ejecutivo la presenta como una medida humanitaria que responde a estándares europeos. Una de las principales novedades es la reconfiguración del arraigo en cinco tipos: social, sociolaboral, socioformativo, de segunda oportunidad y familiar. También reduce de tres a dos años el tiempo mínimo de permanencia para optar a esta figura.
Otra mejora es la nueva autorización de residencia para familiares de ciudadanos españoles, ampliando la edad de los hijos beneficiarios de 21 a 26 años. De igual forma, las autorizaciones iniciales durarán un año y las renovaciones serán de cuatro, para evitar situaciones de irregularidad sobrevenida.
Por otro lado, los estudiantes extranjeros contarán con una estancia legal durante toda su formación, con una vía rápida para acceder a un permiso de trabajo tras finalizar sus estudios.
Rechazo por el trato a solicitantes de asilo y menores
No obstante, el reglamento excluye el tiempo de residencia como solicitante de asilo del cómputo para el arraigo. Por lo tanto, quienes reciban una negativa deben esperar dos años en situación irregular para optar por la regularización.
Esta medida ha generado fuertes críticas. Siete organizaciones sociales han recurrido el reglamento ante el Tribunal Supremo. Además, el Defensor del Pueblo advierte que la nueva norma puede dejar en la irregularidad a miles de menores migrantes.
Como medida transitoria, el Gobierno ha reducido de dos años a seis meses el tiempo de espera para quienes vean rechazada su solicitud de protección internacional. Sin embargo, muchas personas han renunciado a su solicitud para intentar regularizarse por esta vía, cayendo en la irregularidad.
En 2024, Venezuela y Colombia lideraron las solicitudes de asilo en España, con 66.134 y 40.140 peticiones, respectivamente. Le siguen países como Perú, Nicaragua, Honduras y Ecuador.
Ante la polémica, el Gobierno ha abierto la puerta a negociar una iniciativa legislativa popular que propone una regularización extraordinaria. Esta propuesta, que ha estado estancada por más de un año, cuenta con el respaldo de más de 600.000 firmas y ahora podría avanzar en el Parlamento con el apoyo del PSOE y sus aliados.
EFE-El Nacionalista
