Organizaciones internacionales denuncian que la Ley para cobrar 30 % de Agentes Extranjeros en El Salvador restringe el espacio cívico y criminaliza a defensores sociales.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el envío de una nueva Ley de Agentes Extranjeros a la Asamblea Legislativa para imponer un impuesto del 30 % a las organizaciones no gubernamentales que reciben financiamiento desde el extranjero.
La propuesta, que se parece a una anterior con una tasa del 40 %, busca supuestamente destinar esos recursos a personas vulnerables. Sin embargo, la comunidad internacional la ha rechazado. La ONG Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) calificó la medida como “autoritaria” y una amenaza directa al espacio cívico de la nación centroamericana.
Por otro lado, Bukele justificó la ley tras un desalojo judicial en una comunidad rural. Alegó, sin pruebas, que las personas afectadas fueron manipuladas por organizaciones de izquierda y ONG extranjeras para atacar al Gobierno. Además, criticó la presencia de medios y carteles impresos en la protesta, que interpretó como señales de “coordinación política”.
Preocupación internacional por represión y criminalización
La propuesta generó preocupación por los posibles efectos sobre los derechos humanos. Human Rights Watch (HRW) denunció la detención arbitraria del abogado ambientalista Alejandro Henríquez y del pastor José Ángel Pérez, presidente de la cooperativa afectada por el desalojo.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, recordó que una ley similar se detuvo en 2021 gracias a la presión internacional. De igual forma, el subdirector de HRW, Juan Pappier, comparó esta iniciativa con medidas autoritarias implementadas en Nicaragua, Rusia y Venezuela.
Por lo tanto, diversas voces piden redoblar esfuerzos internacionales para evitar que se restrinja el accionar de la sociedad civil en El Salvador, bajo el argumento de proteger el orden público o redistribuir recursos.
