El Gobierno colombiano adeuda 1.800 millones de dólares a empresas de energía y gas. La Contraloría advierte sobre un riesgo sistémico que afecta a los ciudadanos.
Contraloría y Procuraduría alertan sobre riesgo sistémico en los servicios públicos
El Gobierno de Colombia debe más de 7,6 billones de pesos (1.800 millones de dólares) a empresas proveedoras de energía eléctrica y gas natural. Así lo alertaron la Contraloría y la Procuraduría en un comunicado conjunto que advierte sobre un “riesgo sistémico” que podría afectar la calidad de vida de millones de ciudadanos.
Del total de la deuda, 2,7 billones de pesos (638 millones de dólares) corresponden a subsidios de energía eléctrica, mientras que 3,3 billones de pesos (780 millones de dólares) derivan de la opción tarifaria. Este último es un mecanismo regulatorio que evita que los incrementos del costo energético se reflejen directamente en las tarifas que pagan los usuarios.
Además, el Estado debe un billón de pesos (237 millones de dólares) por tarifas reguladas y 628.000 millones (149 millones de dólares) por subsidios de gas combustible. La Contraloría exigió al Ministerio de Minas y Energía tomar acciones urgentes para corregir el manejo de los subsidios y aplicar las mejoras pendientes.
Por otro lado, la situación más delicada afecta a la empresa Air-e, encargada de proveer energía a 1,3 millones de usuarios en la región Caribe. Esta compañía se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ante los riesgos operativos derivados de la falta de pagos.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que el Ejecutivo trabaja en una solución empresarial con apoyo del Ministerio de Hacienda. Según dijo, ya han comenzado a girar recursos y existe una mesa permanente con las compañías afectadas. Además, propuso incluir el pago de la deuda por opción tarifaria en un nuevo proyecto de ley.
Palma responsabilizó al Gobierno anterior por este problema y reiteró que el presidente Gustavo Petro tiene la voluntad de ponerse al día con los compromisos. Sin embargo, la situación financiera de las empresas energéticas sigue siendo crítica mientras no se concreten soluciones legales y presupuestarias.
