El caso de Leonel Moreno, «Leíto Oficial», y otros procesados en Venezuela bajo la Ley contra el Odio plantean dudas sobre su aplicación según estándares internacionales
El 28 de marzo de 2025, Leonel Moreno, conocido como «Leíto Oficial» en TikTok, fue deportado desde EE.UU. a Venezuela. Su llegada, transmitida en medios oficiales, generó polémica.
Días después, fue imputado por incitación al odio y lucro por trabajo infantil, cargos que han reavivado el debate sobre el uso de esta figura legal en el país.
Moreno creó contenido dirigido a migrantes venezolanos, promoviendo conductas ilegales como ocupar viviendas o cometer robos menores. Sin embargo, organizaciones y expertos cuestionan si sus acciones realmente cumplen con los criterios de incitación al odio según el Plan de Acción de Rabat, adoptado por la ONU en 2012.
El Umbral de Rabat: ¿Se aplica en Venezuela?
El Plan de Rabat establece seis criterios para determinar si un discurso constituye incitación al odio:
- Contexto (situación social y política).
- Orador (influencia del emisor).
- Intención (propósito del mensaje).
- Contenido (forma y gravedad).
- Alcance (difusión del mensaje).
- Probabilidad de daño (riesgo real de violencia).
En el caso de Moreno, no se evidencia una relación triangular (emisor-audiencia-grupo objetivo) ni llamados directos a la violencia contra un colectivo protegido. Por el contrario, sus mensajes iban dirigidos a migrantes venezolanos, no a terceros que pudieran actuar en su contra.
Casos contradictorios: ¿Doble estándar?
Otros procesos bajo la misma ley han sido cuestionados:
- Nelson Soto, tiktoker deportado, fue acusado de incitación al odio por criticar al gobierno.
- Román Camacho, periodista detenido por informar sobre un homicidio, enfrentó cargos similares.
- Bomberos de Mérida, imputados en 2018 por un video satírico contra Maduro.
Por otro lado, programas oficialistas como «Con el Mazo Dando», conducido por Diosdado Cabello, han difundido mensajes estigmatizantes contra opositores y periodistas. Sin embargo, no han sido judicializados, pese a cumplir varios criterios del Umbral de Rabat, como el poder del orador y el alcance masivo.
¿Herramienta legal o mecanismo de control?
La *Ley contra el Odio, aprobada en 2017, no define claramente qué constituye «discurso de odio». Organizaciones como Espacio Público y Provea han alertado que su ambigüedad permite su uso *selectivo, afectando la libertad de expresión.
Mientras figuras como Moreno son procesadas rápidamente, discursos oficiales con mayor potencial de incitación quedan impunes. Esto refleja una aplicación irregular de la ley, según estándares internacionales.
