El CNE realizará un simulacro de votación para evaluar máquinas, transmisión de datos y logística electoral de cara a los comicios del 25 de mayo.
Mientras Venezuela conmemora el Día del Trabajador, organizaciones de derechos humanos alertan sobre el colapso social que vive el país. El salario mínimo de 130 bolívares ($2,5 mensuales) mantiene a 87% de la población en pobreza y 70% en pobreza extrema, según datos de Provea.
Lissett González, coordinadora de investigación de Provea, explica que aunque ya no se ven las colas dramáticas de 2016-2017, «la situación social sigue siendo grave». Destaca que el congelamiento salarial ocurre en paralelo a una inflación persistente y devaluación monetaria.
«Hay comida, pero no acceso»
González advierte que el problema actual no es escasez, sino imposibilidad de compra: «Los supermercados están abastecidos, pero la gente no puede pagar una dieta nutritiva». Esta crisis alimentaria genera daños irreversibles, especialmente en niños.
El impacto más grave se observa en la población infantil. «Niños de 12 años con talla de 7 u 8 años muestran que no alcanzan su potencial de desarrollo», señala González. Esto afectará su capacidad cognitiva y educativa a futuro.
Derechos políticos vs. derechos sociales
Aunque la represión electoral acaparó atención en 2024, Provea insiste en no olvidar la emergencia social. «Todo está conectado: salarios miserables, trabajo informal y pérdida de calidad de vida», afirma González.
La experta concluye que Venezuela vive una «pobreza estructural» donde, pese a cierta estabilidad macroeconómica, las condiciones de vida siguen deteriorándose para la mayoría.
