ONG denuncia que más de 200 adolescentes fueron detenidos tras elecciones en Venezuela. Muchos enfrentan cargos graves sin derecho a defensa adecuada.
Organizaciones de derechos humanos en Venezuela denuncian que al menos 200 adolescentes fueron detenidos tras las elecciones presidenciales del *28 de julio. Aunque la mayoría ya está excarcelada, todos siguen sometidos a procesos judiciales por delitos graves como *terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.
Martha Tineo, abogada de Justicia, Encuentro y Perdón, explica que muchos casos no se han documentado debido al *miedo de las familias a represalias. «Las autoridades manipularon a los allegados para que no se acercaran a ONG«, asegura.
*Jonathan José Bravo, de 17 años, es el único caso confirmado actualmente por la organización. Sin embargo, el *Foro Penal reporta al menos otros cuatro menores detenidos, como *Dainer Ribero (16) y Luisneyder Zúñiga (17), quienes llevan *ocho meses en el retén de Caraballeda, Vargas.
Medidas restrictivas y violaciones al debido proceso
Los adolescentes excarcelados enfrentan medidas cautelares que limitan su libertad: presentaciones periódicas en tribunales, prohibición de salida del país y restricciones para hablar públicamente. Estas condiciones han paralizado sus vidas, impidiéndoles trabajar o estudiar.
Además, Tineo denuncia que los jóvenes no tuvieron acceso a abogados de confianza y fueron obligados a declarar bajo presión. «Muchos admitieron cargos falsos para evitar más represalias», afirma.
Las familias, en su mayoría de escasos recursos, deben viajar hasta Caracas varias veces al mes, incurriendo en gastos que agravan su situación económica. «Venden lo que no tienen o piden dinero en la calle para cumplir con los tribunales», relata la abogada.
Secuelas físicas y psicológicas
Los adolescentes detenidos sufrieron torturas y maltratos en centros inadecuados. Muchos arrastran traumas severos y requieren apoyo psicológico. Sin embargo, el temor persiste: las autoridades los han amenazado con revocar sus medidas si hablan públicamente.
Desde Justicia, Encuentro y Perdón exigen al Estado investigar las detenciones arbitrarias y garantizar reparación integral para las víctimas, incluyendo indemnizaciones y rehabilitación psicológica. «Esto solo sería posible en un verdadero Estado de derecho», concluye Tineo.
