ONG alertan sobre vínculo de candidato a juez con asesinatos de periodistas
ONG alertan sobre vínculo de candidato a juez con asesinatos de periodistas

Francisco Herrera Franco, aspirante a juez federal, es acusado por ONG de estar vinculado al asesinato de dos periodistas en Michoacán.

Ocho organizaciones civiles mexicanas exigieron este lunes la revisión urgente de la candidatura de Francisco Herrera Franco a juez federal. Lo acusan de estar vinculado con el asesinato de dos periodistas en Michoacán en 2022 y de mantener presuntos nexos con grupos criminales.

Según el comunicado firmado por ONG como Artículo 19, Defensorxs y Mexicanos Contra la Corrupción, Herrera Franco fue conocido como “el fiscal del terror” durante su paso por la fiscalía regional. Además, lo señalan por presuntas extorsiones a comunidades indígenas mazahuas y vínculos con el crimen organizado.

Grabaciones y denuncias agravan el caso

Las organizaciones aseguran que existen grabaciones filtradas donde Herrera Franco pactaría con líderes criminales en Zitácuaro. Estas pruebas habrían provocado su destitución del cargo. De igual forma, mencionan una denuncia por violencia institucional contra periodistas durante su gestión.

Por otro lado, las ONG alertan que su perfil representa un riesgo grave para la justicia y los derechos humanos. Por ello, pidieron al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) retirar su postulación.

Además, exigen que la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) asuman las investigaciones por los asesinatos de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares, así como otras denuncias pendientes contra Herrera Franco.

Este caso ocurre mientras México se prepara para su primera elección popular del Poder Judicial, prevista para el 1 de junio. Los ciudadanos votarán por más de 5.000 candidaturas, incluyendo puestos en la Suprema Corte de Justicia.

Las ONG concluyeron que este no es un caso aislado. Denuncian que hay otros aspirantes con antecedentes graves sin supervisión adecuada, lo que pone en entredicho la transparencia del proceso.