Gobierno de Trump busca aplicar ley de 1789 para deportar venezolanos sin debido proceso. Corte federal mantiene bloqueo temporal.
El gobierno de Donald Trump solicitó este viernes al Tribunal Supremo de EE.UU. autorización para aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789 y deportar a venezolanos sin garantías procesales. La petición llega después de que una corte federal mantuviera el bloqueo temporal a esta medida, ordenado el 15 de marzo por el juez James Boasberg .
La Administración Trump presentó una solicitud de emergencia al máximo tribunal, argumentando que la deportación expedita de venezolanos es un asunto de “seguridad nacional urgente”. El escrito gubernamental afirma que la Constitución otorga al presidente autoridad exclusiva en esta materia, sin necesidad de intervención judicial .
Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. respaldó el bloqueo inicial, lo que obligó al gobierno a escalar el caso al Supremo. La ley en cuestión, creada en el siglo XVIII, permite deportar a extranjeros de países considerados “enemigos” sin audiencias ni recursos legales .
Antecedentes y acciones recientes
Esta solicitud se produce tras la deportación de 200 venezolanos a una prisión en El Salvador a mediados de marzo, bajo el mismo argumento de seguridad nacional. El Departamento de Justicia insiste en que la medida es vital para “proteger intereses estratégicos” estadounidenses .
El juez Boasberg había paralizado inicialmente la aplicación de la ley, al considerar que violaba el debido proceso establecido en la Quinta Enmienda. No obstante, el gobierno alega que los tribunales inferiores no tienen jurisdicción para revisar decisiones ejecutivas en materia migratoria durante emergencias.
Implicaciones para la comunidad venezolana
Si el Supremo acepta la solicitud, EE.UU. podría deportar a miles de venezolanos sin notificación previa ni derecho a defensa. Organizaciones de derechos humanos ya califican la estrategia como “peligroso precedente” que afectaría a migrantes de otros países en el futuro .
Mientras se resuelve el caso, grupos de apoyo a migrantes preparan movilizaciones y recursos legales. El fallo del Supremo, dominado por una mayoría conservadora, podría definirse en las próximas semanas .
