Morosidad en condominios de Venezuela alcanza el 40% y amenaza su economía
Morosidad en condominios de Venezuela alcanza el 40% y amenaza su economía

La morosidad en condominios venezolanos llega al 40%, poniendo en riesgo su sostenibilidad. Tibaire Altuve explica las implicaciones legales y soluciones.

La morosidad en los condominios de Venezuela ha alcanzado un preocupante 40%, según alertó Tibaire Altuve, coordinadora nacional de MiCondominio.com. Esta situación pone en riesgo la economía interna de estas comunidades, ya que muchos propietarios no cumplen con sus obligaciones de pago.

Altuve explicó que una gran cantidad de personas no reside en sus inmuebles, lo que dificulta el cobro de las cuotas. Además, quienes sí viven en sus propiedades no priorizan el pago del condominio. «Esto tiende a colapsar la economía interna de los condominios», advirtió.

Cuando un propietario incumple con sus pagos, la ley establece el pago de intereses de mora como única sanción. Según el Código Civil venezolano, estos intereses pueden ser del 1% mensual, siempre que la comunidad lo haya aprobado. De lo contrario, se aplica una tasa anual del 3%.

Sin embargo, Altuve aclaró que es ilegal aplicar medidas de presión como la suspensión de servicios básicos o el bloqueo de llaves de acceso. Tampoco se pueden cobrar intereses sobre intereses.

Pago en divisas: una alternativa legal

Tras la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, los condominios pueden establecer obligaciones en moneda extranjera. No obstante, esto debe ser aprobado por la Asamblea de Propietarios y realizarse a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

«Se permite transar legalmente en divisas, pero debe haber consenso en la comunidad», destacó Altuve. Esta medida podría aliviar la presión económica en un contexto de alta morosidad y dificultades financieras.

¿Qué sigue para los condominios?

La morosidad del 40% representa un desafío significativo para la sostenibilidad de los condominios en Venezuela. Mientras tanto, expertos como Altuve recomiendan a las comunidades buscar soluciones legales y consensuadas para garantizar su funcionamiento.