La Defensoría del Pueblo de Colombia reportó 463 menores reclutados por grupos armados en 2024, con un alto subregistro. Cauca es la región más afectada.
La Defensoría del Pueblo de Colombia informó este miércoles que, durante 2024, al menos 463 menores de edad fueron reclutados por grupos armados ilegales. Sin embargo, la entidad advirtió que esta cifra no refleja la totalidad de los casos debido a un alto subregistro.
Del total de niños, niñas y adolescentes reclutados, 230 pertenecen a comunidades indígenas y 30 son afrocolombianos. Además, 136 no se identifican con ningún grupo étnico, y de 67 no se tiene información detallada.
El departamento del Cauca, en el suroeste del país, concentra la mayor parte de los casos, con 325 menores reclutados. En esta región operan disidencias de las antiguas FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos narcotraficantes que luchan por el control territorial.
Por otro lado, otros departamentos también reportaron cifras preocupantes. Putumayo registró 21 casos, Valle del Cauca 20, Antioquia 15, Nariño 11, y Norte de Santander y Arauca 10 cada uno.
Grupos armados responsables
El Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, lidera el reclutamiento de menores con 170 casos. Le siguen «disidencias sin especificar» con 165, el Clan del Golfo con 13 y el ELN con 10.
Juan Carlos Monge, representante encargado de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, alertó sobre los riesgos que enfrentan estos menores. Según Monge, los niños y adolescentes están expuestos a múltiples violaciones, incluyendo violencia sexual y explotación.
Llamado a la acción
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente para proteger a los menores y prevenir el reclutamiento forzado. De igual forma, instó a las autoridades a fortalecer las medidas de seguridad en las regiones más afectadas.
Este informe refleja la persistencia del conflicto armado en Colombia y su impacto en las comunidades vulnerables. Por lo tanto, organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos exigen acciones concretas para garantizar la protección de la infancia.
