La ONG Foro Penal revela que 1.060 personas permanecen como presos políticos en Venezuela, incluyendo civiles, militares y adolescentes.
La ONG Foro Penal publicó este viernes un informe que detalla la situación de los presos políticos en Venezuela. Según el reporte, hasta el 24 de febrero de 2025, hay 1.060 personas privadas de libertad por motivos políticos. De estas, 895 son civiles y 165 son militares.
Además, la organización destacó que no cuenta con información sobre 66 de los detenidos. Del total de presos políticos, 939 son hombres y 121 son mujeres. Entre ellos, se encuentran cuatro adolescentes que permanecen bajo custodia.
Foro Penal aclaró que el término «presos políticos» incluye únicamente a quienes permanecen privados de libertad de manera prolongada. Por lo tanto, no considera a personas liberadas o detenidas por períodos cortos, como arrestos de 48 horas.
El informe también reveló que, desde la semana anterior, cinco personas fueron encarceladas y seis excarceladas. Sin embargo, la cifra total de presos políticos se mantiene en niveles alarmantes, lo que refleja una situación crítica en materia de derechos humanos en el país.
Preocupación por la falta de transparencia
Uno de los aspectos más preocupantes del reporte es la falta de información sobre 66 detenidos. Esta opacidad dificulta el seguimiento de los casos y genera incertidumbre entre las familias de los afectados.
Foro Penal, reconocida por su labor en la defensa de los derechos humanos, ha insistido en la necesidad de transparencia y justicia en estos procesos. La organización ha documentado numerosos casos de detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela.
Llamado a la acción internacional
Ante estas cifras, organizaciones de derechos humanos han reiterado su llamado a la comunidad internacional para que ejerza presión sobre el Gobierno venezolano. El objetivo es garantizar el respeto a los derechos humanos y la liberación de quienes están detenidos por motivos políticos.
Mientras tanto, Foro Penal continúa monitoreando la situación y brindando apoyo legal a los afectados. La organización insiste en que la solución a esta crisis pasa por el diálogo y el respeto al Estado de derecho.
