A casi un año de su creación, la Ley de Pensiones en Venezuela genera dudas sobre su funcionamiento y el destino de los fondos recaudados.
Desde su creación en mayo de 2024, la “Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista”, conocida como Ley de Pensiones, ha generado más preguntas que respuestas. Aunque las empresas deben cancelar el 9% de los ingresos de los trabajadores, aún no está claro cómo se distribuyen los fondos o a quiénes benefician.
El abogado laboral Wilmer Barrios, de la firma JCBA Legal, explicó que el tributo se cancela ante el Seniat y equivale al 9% de los ingresos del trabajador. Sin embargo, destacó que no se conoce el destino de estos recursos. “No tenemos conocimiento de dónde están llegando los fondos o si se están distribuyendo entre las personas objetivo”, afirmó Barrios.
El Seniat ha llevado a cabo fiscalizaciones, especialmente en empresas que no han cancelado el impuesto. Barrios mencionó que algunas compañías no han podido declarar porque no tienen empleados, lo que ha generado conflictos con el ente recaudador.
Por otro lado, se esperaba que los fondos se asignaran a través del sistema Patria, con un bono de $20 para los pensionados. No obstante, casi un año después, no hay evidencias de que este pago se haya realizado.
Críticas al impuesto y su impacto en las empresas
La ONG Acceso a la Justicia criticó que la Ley de Pensiones no cumple con el principio de progresividad establecido en la Constitución. Esto significa que todas las empresas, sin importar su tamaño o ganancias, deben contribuir con el mismo porcentaje.
Además, Barrios señaló que, hasta ahora, el Seniat no ha impuesto multas o medidas de cierre a empresas que no han declarado. En su lugar, ha solicitado documentos para justificar la falta de pago.
Recomendaciones para los contribuyentes
Ante la incertidumbre, el abogado recomendó a las empresas enviar un escrito al Seniat explicando los motivos por los cuales no pueden cancelar el impuesto. Esta medida busca evitar sanciones y aclarar la situación de las compañías que no cuentan con empleados.
Mientras tanto, la falta de transparencia en el manejo de los fondos sigue generando desconfianza entre los contribuyentes y los beneficiarios potenciales.
