Más de 100 víctimas de abuso en centros de detención juvenil demandan a Nueva York por una «cultura de secreto» y falta de protección en los reformatorios.
Un total de 115 víctimas de abuso sexual en centros de detención juvenil en los condados de El Bronx y Brooklyn presentaron demandas civiles contra la ciudad de Nueva York esta semana, elevando el número total de denuncias a 539.
Las demandas se centran en las acusaciones de abuso sistemático y la “cultura del secreto” por parte de empleados en dichos centros de detención para menores.
Desde abril de 2024, los demandantes han emprendido acciones legales para responsabilizar a la ciudad por no haber protegido a los niños vulnerables bajo su custodia. A pesar de la gravedad de las acusaciones, los abogados del caso, Jerome Block y Madeleine Skaller, señalan que la ciudad sigue buscando desestimar los casos.
Uno de los testimonios más impactantes fue el de Kendra Monsanto, una de las nuevas demandantes. «Tenía solo 13 años cuando me sacaron de mi casa y me llevaron a un centro de detención juvenil. Se suponía que estaría más segura, pero lo que encontré fue todo lo contrario», afirmó Monsanto. En el centro, según su relato, el personal la coaccionó, manipuló y explotó, lo que dejó una huella profunda en su vida.
La respuesta de los demandantes y la ciudad
Los abogados de las víctimas insisten en que estas demandas buscan poner fin a la impunidad y que la ciudad de Nueva York debe rendir cuentas por no proteger a los menores en su cuidado. Por otro lado, la ciudad continúa luchando activamente para desestimar las demandas, a pesar de los testimonios de las víctimas y las evidencias de abuso.
Este caso ha generado gran conmoción, no solo por las acusaciones de abuso sexual, sino también por la cultura de silencio y encubrimiento que presuntamente existió en estos centros. Las víctimas, ahora adultas, buscan justicia y reparación por los daños sufridos durante su tiempo en estos centros de detención.
Impacto en la comunidad y próximos pasos
La ciudad de Nueva York enfrenta un desafío legal significativo. A medida que más víctimas se suman a las demandas, el caso podría sentar un precedente importante para la protección de menores en el sistema de justicia juvenil.