El CIADI ordena a Venezuela pagar $8.700 millones a ConocoPhillips por expropiaciones de activos realizadas durante el mandato de Hugo Chávez.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial falló en contra de Venezuela y ratificó la indemnización de 8.700 millones de dólares que debe pagar a la petrolera estadounidense ConocoPhillips. El caso se originó por las expropiaciones de activos realizadas entre 2007 y 2009, durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez.
El fallo, anunciado oficialmente el 22 de enero, rechaza la apelación del gobierno venezolano y confirma la sentencia emitida en 2019. En su decisión, el tribunal de arbitraje calificó las expropiaciones como confiscaciones ilegales y ordenó la compensación a ConocoPhillips.
La empresa expresó satisfacción con la resolución. “La decisión confirma el principio de que los gobiernos no pueden expropiar ilegalmente las inversiones privadas sin pagar compensación”, afirmó la compañía en un comunicado.
Consecuencias legales y financieras para Venezuela
El gobierno venezolano había solicitado la revocación del fallo, argumentando que el monto de la compensación estaba sobreestimado. Sin embargo, el tribunal mantuvo su decisión, cerrando cualquier posibilidad legal de apelación.
Este fallo coincide con un proceso en curso en Estados Unidos, donde un juez federal supervisa la venta de activos de PDV Holding, matriz de Citgo, propiedad del Estado venezolano. Los ingresos de esta venta buscan compensar a ConocoPhillips y a otras empresas afectadas por las nacionalizaciones masivas implementadas durante la bonanza petrolera.
Héctor Rodríguez, analista financiero, explicó que esta decisión podría intensificar la presión sobre los activos venezolanos en el exterior. “Es un golpe significativo para las finanzas públicas del país, que ya enfrentan restricciones económicas”, comentó.
Por otro lado, este caso sienta un precedente sobre cómo los tribunales internacionales manejan disputas de inversión y subraya la importancia de garantizar la seguridad jurídica para los inversores.