Exmarine y estadounidense demandan a Nicolás Maduro por torturas en Venezuela. Acusan al presidente de liderar organización criminal.
John Matthew Heath, exmarine estadounidense, y Osman Khan, ciudadano de EE.UU., han demandado al presidente Nicolás Maduro en Miami por supuestas torturas sufridas durante su detención en Venezuela.
Según la demanda, presentada a través de sus abogados, ambos sufrieron abusos como ahogamiento, choques eléctricos, aislamiento y el uso de sustancias psicotrópicas mientras estuvieron detenidos bajo la administración de Maduro.
Los demandantes acusan a Maduro de liderar una «empresa criminal» que utiliza a ciudadanos estadounidenses como moneda de cambio en negociaciones políticas con el gobierno de Estados Unidos. En la demanda, los abogados señalan que el secuestro y la tortura de estos ciudadanos fueron parte de un plan sistemático para presionar al gobierno estadounidense en cuestiones políticas, incluyendo el fin del embargo petrolero y el intercambio de prisioneros.
Otras acusaciones y denuncias a Maduro
Además de Nicolás Maduro, otras 17 personas están implicadas en esta demanda, entre ellas altos funcionarios venezolanos como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el fiscal general, Tarek William Saab; y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. También se menciona a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Minerven en el proceso.
Esta demanda se une a otros casos previos donde las víctimas de la administración Maduro han obtenido sentencias favorables en tribunales estadounidenses. Los demandantes acusan además a Maduro de controlar el «Cartel de los Soles», una supuesta red de narcotráfico que involucra a altos funcionarios venezolanos y guerrilleros de las FARC, y que estaría inundando Estados Unidos con cocaína.
Detenciones y liberaciones
Ambos demandantes fueron detenidos arbitrariamente en Venezuela por cargos falsos. Tras pasar 752 y 259 días en prisión, respectivamente, fueron liberados en octubre de 2022 como parte de un canje que también involucró a cinco exdirectivos de Citgo. El acuerdo de liberación fue parte de un intercambio que incluyó a los sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, quienes estaban detenidos por narcotráfico.
La demanda se basa en la Ley Antiterrorista, que permite a las víctimas de grupos terroristas extranjeros confiscar los bienes de sus victimarios. La acción busca obtener compensación por los abusos sufridos.
