Latinoamérica enfrenta desafíos en la seguridad social por informalidad y déficits fiscales. Algunos países aplican reformas, pero la sostenibilidad sigue incierta.
Latinoamérica enfrenta una crisis en su sistema de seguridad social debido a la alta informalidad laboral, desigualdad y crecientes déficits fiscales. Aunque varios países implementan reformas, los desafíos estructurales persisten.
En Perú, el 71,2 % de los trabajadores son informales, afectando la sostenibilidad del sistema de pensiones. Venezuela enfrenta una situación crítica con pensiones de solo 2,5 dólares mensuales y hospitales desprovistos de recursos.
Colombia planea ampliar la cobertura de pensiones al 87 % para 2052 mediante un sistema mixto. Sin embargo, la informalidad del 50 % y la brecha de género complican este objetivo. Por su parte, Argentina, con un déficit fiscal creciente, cubre solo al 27,3 % de su población total.
En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el ISSSTE protegen a millones de trabajadores, pero la informalidad sigue siendo un obstáculo. Honduras y El Salvador enfrentan tasas de informalidad superiores al 70 %, limitando la capacidad de sus sistemas.
Reformas pendientes y sostenibilidad a futuro
Brasil enfrenta una amenaza seria por el envejecimiento poblacional y un déficit que supera los 52.000 millones de dólares. Uruguay elevó la edad de jubilación a 65 años en busca de sostenibilidad. Chile propone un modelo mixto para mejorar sus pensiones, pero enfrenta resistencias políticas.
Panamá, Costa Rica y Paraguay también trabajan en reformas para estabilizar sus sistemas. Por su parte, Cuba, con un sistema universal, lidia con problemas económicos que afectan la calidad del servicio.
En conclusión, Latinoamérica necesita reformas profundas y sostenibles para garantizar una seguridad social inclusiva y resistente ante los desafíos económicos y demográficos del futuro
