La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó a Colombia por la desaparición forzada de Jhon Ricardo Ubaté Monroy y Gloria Mireya Bogotá Barbosa, excombatientes desmovilizados del Ejército Popular de Liberación (EPL) en 1991.
El fallo atribuye su desaparición a la Unidad Antiextorsión y Secuestro de la Policía (UNASE), un organismo estatal.
En su sentencia, la Corte valoró el reconocimiento de responsabilidad de Colombia y homologó un acuerdo de reparación con medidas de justicia, memoria y garantías de no repetición. Además, ordenó pagos compensatorios por daños materiales e inmateriales.
Impunidad y persecución de la CorteIDH
El tribunal señaló la «impunidad total» en el caso, ya que a la fecha no se han identificado a los responsables. El proceso penal inicial ignoró pruebas que vinculaban a agentes estatales y descartó investigar bajo el tipo jurídico de desaparición forzada.
También se documentó que los familiares de las víctimas fueron hostigados y amenazados por autoridades policiales, sin que el Estado interviniera. Sandra Ubaté, hermana de Jhon, debió exiliarse en 1997 debido a amenazas recibidas mientras buscaba a su hermano.
Importancia del fallo
La Corte enfatizó que proteger a los defensores de derechos humanos es crucial para fortalecer la democracia. Ubaté había denunciado crímenes de paramilitares tras su desmovilización, lo que lo convirtió en un blanco de persecución.
El Estado colombiano deberá implementar medidas de reparación, garantizar justicia y prevenir futuros casos similares. La sentencia también incluye la obligación de buscar a las víctimas y esclarecer los hechos.
