Donald Trump planea una deportación masiva usando recursos militares y legales, generando controversia por su impacto económico y social.
Donald Trump, expresidente y ahora presidente electo de Estados Unidos, ha confirmado su intención de declarar estado de emergencia nacional para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes en enero. Según el republicano de 78 años, esta estrategia será una respuesta directa a lo que califica como una «invasión» en la frontera sur.
El exmandatario planea emplear recursos militares y legales, como la ley de enemigos extranjeros de 1798, para acelerar las expulsiones. Además, retomar la construcción del muro fronterizo y eliminar beneficios federales para migrantes indocumentados figuran entre sus principales propuestas.
Preocupación por los derechos humanos por decisiones Trump
Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que esta medida podría poner en riesgo a más de 11 millones de migrantes en situación irregular. Economistas también alertan sobre el impacto económico: un estudio del American Immigration Council estima que una deportación masiva podría costar 88.000 millones de dólares anuales, con un impacto acumulado de casi un billón en una década.
Por otro lado, Trump ha reforzado su equipo con figuras clave. Entre ellas, Tom Homan, conocido por su enfoque estricto hacia la inmigración, fue nombrado «zar de la frontera». A su lado, Kristi Noem liderará el Departamento de Seguridad Interior y Mike Waltz será su asesor de Seguridad Nacional.
Sin embargo, sus planes podrían enfrentarse a barreras legales, como ocurrió durante su mandato previo, cuando intentó eliminar el programa DACA. Los tribunales le bloquearon entonces y podrían hacerlo nuevamente.
Un enfoque más severo que el actual gobierno
Aunque la administración de Joe Biden ha deportado a más de 4 millones de personas, combinando expulsiones y medidas de bloqueo migratorio, Trump planea ir mucho más allá. Busca reinstaurar el programa Quédate en México, prohibir las ciudades santuario y endurecer las vías legales de entrada.
Estas medidas ya han generado reacciones polarizadas entre los ciudadanos y organizaciones civiles. Mientras tanto, se espera que los tribunales sean el escenario de las próximas batallas para determinar el futuro de estas políticas.
