El DOJ evalúa cerrar los casos criminales contra Trump antes de su regreso a la presidencia, en medio de interrogantes sobre las futuras consecuencias legales.
El Departamento de Justicia (DOJ) evalúa cómo concluir los dos casos criminales federales abiertos contra Donald Trump, ahora proyectado como el ganador de las elecciones, antes de su retorno a la Casa Blanca. Esta decisión sigue la política tradicional del DOJ que evita procesar a un presidente en funciones.
Sin embargo, según fuentes cercanas, las posibilidades de continuar con los juicios en su contra, tanto por la interferencia en las elecciones de 2020 como por la retención de documentos clasificados, son escasas debido a los procedimientos judiciales y apelaciones que podrían llevar los casos hasta la Corte Suprema.
Posibles estrategias para cerrar los casos
Con el retorno de Trump, el DOJ se enfrenta a complejas decisiones: los fiscales deberán determinar si podrían reanudar las causas al terminar su mandato. Por otro lado, el equipo legal de Trump analiza estrategias para eliminar todos los casos pendientes, incluso aquellos en Nueva York y Georgia, donde también enfrenta acusaciones.
Además, se debate la posibilidad de que el fiscal especial Jack Smith emita un informe final sobre las investigaciones. De igual forma, se plantea qué ocurrirá con la evidencia acumulada en las investigaciones y cómo afectará a los otros dos acusados en el caso de los documentos clasificados.
La política del DOJ y sus implicaciones
El DOJ justifica esta medida en un memorando del año 2000 que reafirma el criterio de la época de Watergate, señalando que procesar a un presidente podría obstaculizar el funcionamiento del Poder Ejecutivo. Según expertos, dejar los casos en manos de un juicio político sería el único camino para responsabilizar a un presidente en funciones.
Aún quedan interrogantes sobre si Trump enfrentará alguna vez consecuencias legales por estos cargos federales, que incluyen obstrucción de la justicia y conspiración para defraudar a EE.UU., y que algunos analistas consideran más graves que el escándalo de Watergate. No obstante, el triunfo de Trump complica el panorama legal, ya que como presidente, la posibilidad de procesarlo es prácticamente nula.
