Cuba implementa Ley de Comunicación Social tras 70 años sin cambios
Cuba implementa Ley de Comunicación Social tras 70 años sin cambios

Cuba pone en vigor la Ley de Comunicación Social, regulando medios digitales y permitiendo publicidad comercial por primera vez desde 1959.

La Ley de Comunicación Social entró en vigor este viernes en Cuba, marcando un cambio importante en la regulación de los medios en la isla. Esta ley, aprobada en mayo de 2023 y publicada en la Gaceta Oficial en junio pasado, permite por primera vez desde 1959 la publicidad comercial y regula fenómenos digitales, como el uso de influencers.

Sin embargo, esta legislación ha sido objeto de duras críticas por parte de organizaciones no gubernamentales y medios fuera del control estatal.

Además, prohíbe la difusión de informaciones que puedan «desestabilizar el Estado socialista», tanto en medios tradicionales como en el ciberespacio.

De igual forma, la ley afecta a los medios digitales independientes, que quedan fuera de la legalidad. Aunque regula el creciente fenómeno de los influencers, también limita los contenidos que puedan desafiar la narrativa oficial.

Por otro lado, la ley introduce una novedad al permitir la publicidad comercial, algo prohibido desde el triunfo de la Revolución en 1959. Esta apertura, aunque limitada, supone un cambio en el escenario mediático de la isla, que ahora verá la posibilidad de patrocinios y anuncios comerciales en medios autorizados por el gobierno.

Vínculo con la Constitución de 2019

Esta ley está alineada con la Constitución de 2019, que establece que los medios nacionales deben ser de propiedad socialista y no pueden pertenecer a ningún otro tipo de propiedad privada. Este marco legal refuerza el control del Estado sobre los medios de comunicación en Cuba.

Reacciones internacionales Comunicación Social

Por último, la entrada en vigor de esta ley ha generado reacciones tanto dentro como fuera de la isla, con organizaciones internacionales denunciando una mayor restricción de la libertad de prensa en Cuba. Sin embargo, el gobierno defiende la normativa como necesaria para garantizar la estabilidad del sistema socialista.