Once jóvenes de Carabobo, acusados de terrorismo y otros delitos tras protestas poselectorales, serán llevados a juicio luego de una audiencia telemática.
Once adolescentes del estado Carabobo han sido enviados a juicio por su participación en las protestas poselectorales. El Tribunal 2 con competencia en Terrorismo, bajo la jueza Keidimar Ramos Castillo, llevó a cabo audiencias telemáticas que decidieron el futuro de estos jóvenes, detenidos entre julio y agosto en Valencia.
La Fiscalía ha imputado a los adolescentes por delitos de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de vías y resistencia a la autoridad. De igual forma, se les ha sumado el cargo de uso indebido de uniformes militares.
Sin embargo, las familias denuncian irregularidades en el proceso, afirmando que las acusaciones parecen premeditadas y no reflejan la realidad.
Por otro lado, los defensores públicos solicitaron la revisión de las medidas cautelares, pero la jueza negó las peticiones. Ramos ofreció a los jóvenes declararse culpables para recibir una condena reducida de seis años y ocho meses, pero ellos rechazaron la oferta, prefiriendo enfrentar un juicio completo.
Uno de los casos más impactantes es el de un joven de 17 años, que fue detenido mientras compraba pañales para su hijo. Su madre lo buscó durante días, hasta que finalmente fue informado que su hijo estaba en el Palacio de Justicia de Carabobo.
Según denuncias, el adolescente fue torturado para que confesara haber recibido dinero por participar en las protestas.
De igual forma, otro joven de 17 años fue detenido en Lomas Funval por la Dirección de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana. Relatos familiares indican que fue golpeado, despojado de sus pertenencias y obligado a usar botas militares, lo que luego se convirtió en parte de los cargos en su contra.}
Sin acceso a la defensa privada
Los familiares también señalan la falta de acceso a una defensa privada. Los adolescentes no han podido consultar sus expedientes, lo que ha complicado el proceso legal. A pesar de los intentos de los padres por demostrar la inocencia de sus hijos, las pruebas documentales presentadas han sido ignoradas por las autoridades.
Por lo tanto, el panorama para estos jóvenes es incierto, con un proceso judicial que ha generado preocupación tanto dentro como fuera de las fronteras venezolanas. Las familias, agotadas pero firmes, han decidido no guardar silencio y llevar sus denuncias a instancias internacionales.
