EEUU sanciona a 16 funcionarios del CNE, TSJ y cuerpos de seguridad de Venezuela, acusados de violar derechos humanos y socavar la democracia.
EEUU impone nuevas sanciones a funcionarios venezolanos
Estados Unidos ha impuesto sanciones a 16 miembros clave del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.
Las sanciones incluyen a funcionarios de cuerpos de seguridad, acusados de participar en violaciones de derechos humanos.
Entre los sancionados figuran la presidenta del Tribunal Supremo, Caryslia Rodríguez; la presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, Rosalba Gil Pacheco; y el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante Aparicio.
«En lugar de respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, Maduro y sus representantes han proclamado falsamente su victoria mientras reprimen e intimidan a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder», declaró el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.
Departamento del Tesoro, el CNE y TSJ
En total, el Departamento del Tesoro sancionó a 16 personas «afines a Nicolás Maduro», a quienes acusa de haber «impedido un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos».
Bajo estas sanciones, quedan bloqueadas todas sus propiedades y activos en Estados Unidos y se les prohíbe realizar transacciones financieras.
El Tesoro afirma que Caryslia Rodríguez, en tanto que preside el alto tribunal, certificó la «afirmación infundada de que Maduro había ganado las elecciones a pesar de las acusaciones bien fundadas de fraude electoral generalizado».
También sancionó a los magistrados Fanny Beatriz Márquez, Inocencio Figueroa, Malaquías Gil Rodríguez y Juan Carlos Hidalgo, así como al fiscal Luis Ernesto Duéñez, quien emitió la solicitud de arresto contra el abanderado de la oposición, Edmundo González Urrutia, al que Estados Unidos considera como el ganador de las elecciones.
El Departamento del Tesoro de EEUU anunció que estas medidas buscan presionar al gobierno venezolano y responsabilizar a quienes socavan la democracia. Las sanciones afectan los bienes de los involucrados.
Estas acciones forman parte de los esfuerzos de EEUU para apoyar la lucha por elecciones libres y justas en Venezuela.
