Familiares de detenidas en el INOF enfrentan dificultades para ingresar alimentos y artículos esenciales tras requisa, lo que agrava las condiciones de las presas.
Familiares denuncian abuso de autoridad
María* se vio obligada a regresar a casa con alimentos que le fueron rechazados al intentar ingresarlos al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques. La cárcel, conocida por su hacinamiento, prohibió esta semana la entrada de aceite, huevos y plátanos, alimentos que usualmente permitían.
Desde hace 11 años, María visita a su hermana en la cárcel. Ella gasta al menos 200 dólares mensuales en comida y artículos de primera necesidad para aliviar las duras condiciones dentro del penal, que alberga a más de 650 mujeres. «Esos custodios pasan lo que les provoca», denuncia María, que viaja desde Guatire.
Dificultades económicas para las visitas
Otros familiares, como Juan*, que viaja desde Portuguesa para ver a su hija, también enfrentan obstáculos. Tras la requisa del 29 de septiembre, solo se permite una botella de agua de cinco litros por detenida. «Eso no es suficiente para una semana», señala Juan, quien cuestiona las decisiones arbitrarias de los custodios.
Los gastos para quienes visitan a sus seres queridos en el INOF son elevados. Además de la comida, deben pagar «la causa», una especie de cuota que oscila entre 40 y 50 dólares. Estos pagos, según indican los familiares, son exigidos sin justificación clara y sin que se sepa el destino final del dinero.
Abusos durante requisas y derechos vulnerados
Durante la última requisa, el Grupo de Respuesta Inmediata Custodial (GRIC) confiscó y destruyó medicinas y artículos personales de las detenidas, afectando especialmente a quienes padecen enfermedades crónicas. «No es justo que les quiten lo poco que tienen para su salud», reclama Josefina*, quien apoya legalmente a su sobrina detenida.
Además, se restringe la cantidad de artículos de higiene menstrual que las detenidas pueden recibir, limitando a solo 10 toallas sanitarias por mujer. «¿A qué mujer le alcanza con eso?», se pregunta Mariela*, hermana de una detenida. Las familias exigen al Ministerio de Servicios Penitenciarios garantías básicas para las presas.
