La nueva ley anti-ONG en Venezuela limita la asistencia a víctimas y la defensa de derechos humanos, según Amnistía Internacional.
En este sentido en Venezuela, la Asamblea Nacional aprobó una controvertida ley anti-ONG que impone severas restricciones a las organizaciones no gubernamentales.
Además, esta ley que ha generado preocupación a nivel internacional, castiga la asistencia a víctimas y la defensa de los derechos humanos.
Amnistía Internacional condena la medida, señalando que limita el trabajo de las ONG y afecta directamente a quienes más lo necesitan. Según la organización, la ley busca silenciar a las voces críticas y restringir la ayuda humanitaria esencial.
La ley prohíbe a las ONG recibir financiamiento internacional sin la autorización del gobierno, además de imponer penalidades por asistir a víctimas de violaciones de derechos humanos. Esta situación se presenta en un contexto donde la sociedad civil enfrenta crecientes dificultades para operar de manera efectiva.
A nivel global, organizaciones de derechos humanos y gobiernos han expresado su alarma ante la adopción de esta ley, argumentando que obstaculiza los esfuerzos de apoyo a las comunidades vulnerables y debilita la defensa de los derechos fundamentales.
Con esta medida, Venezuela se alinea con otros regímenes que buscan controlar y limitar la influencia de las organizaciones que promueven la justicia y la equidad. La comunidad internacional observa con atención los próximos pasos del gobierno venezolano y las posibles implicaciones para la asistencia humanitaria en el país.
