La Corte Penal Internacional monitorea Venezuela por posibles crímenes tras las elecciones, con 24 muertos y 2.200 arrestados en las protestas.
La Corte Penal Internacional (CPI) ha encendido las alarmas sobre la situación en Venezuela tras las controvertidas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
El fiscal jefe, Karim Khan, ha declarado que su oficina está «monitoreando activamente» los acontecimientos en el país, especialmente tras recibir múltiples informes de violencia y violaciones de derechos humanos en medio de la tensa atmósfera política.
Nicolás Maduro fue proclamado ganador de un nuevo mandato, pero la oposición, encabezada por Edmundo González, asegura que el resultado fue manipulado, lo que ha desatado una ola de protestas a lo largo del país.
Derechos humanos en Venezuela
Hasta la fecha, las manifestaciones han dejado un saldo de al menos 24 personas fallecidas y 2.200 arrestados, según denuncias de grupos de derechos humanos. Un dato que agrava la situación es que entre los detenidos hay menores de edad y ancianos, lo que ha generado una mayor indignación entre la población.
En un comunicado emitido por la oficina de Khan, se informó que la CPI está evaluando de manera independiente los reportes de abusos dentro del marco de su mandato y jurisdicción.
Este monitoreo se suma a la investigación en curso sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas gubernamentales durante las protestas de la oposición en 2017, donde más de 100 personas perdieron la vida.
En este sentido, la oficina del fiscal ha mantenido un contacto cercano con el gobierno venezolano a los más altos niveles, para garantizar que se tomen medidas que salvaguarden los derechos de los ciudadanos en este crítico momento.
La vigilancia de la CPI sobre Venezuela añade una capa de presión internacional en un país ya inmerso en una profunda crisis política y social, que amenaza con seguir escalando en los próximos días.
