El TSJ denuncia la falta de pruebas y actas de escrutinio por parte de varios candidatos presidenciales en las elecciones del 28 de julio.
La presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, presentó este sábado un balance crítico sobre las comparecencias de los candidatos presidenciales y representantes de partidos políticos que participaron en las elecciones del pasado 28 de julio.
En un escenario marcado por la controversia, Rodríguez reveló que 38 representantes de distintos partidos y 9 candidatos acudieron ante la Sala Electoral, aunque varios de ellos no cumplieron con la entrega del material electoral solicitado.
Entre los señalados, destacan Antonio Ecarri de Alianza del Lápiz y Enrique Márquez de Movimiento Centrados para la Gente, quienes, junto a sus organizaciones políticas, no consignaron los recaudos requeridos.
Lo más alarmante, según Rodríguez, fue la ausencia total de Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), quien ni siquiera compareció ante la instancia judicial.
Rodríguez subrayó que otros candidatos de la oposición, como Manuel Rosales de Un Nuevo Tiempo (UNT), José Luis Carata de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y José Simón Calzadilla del Movimiento por Venezuela (MPV), tampoco presentaron pruebas ni actas de escrutinio.
Estos candidatos alegaron no poseer listados de testigos y desconocer quiénes realizaron la carga de la información en la página web actualmente bajo investigación por el Ministerio Público.
Implicación en la manipulación de datos electorales.
Un dato que llama la atención es el papel que está jugando la organización Súmate, identificada como parte del equipo asesor técnico de la PUD, y que ahora se encuentra en el ojo del huracán por su posible implicación en la manipulación de datos electorales.
Ante esta situación, los magistrados del TSJ han iniciado un minucioso peritaje del material recibido y del supuesto ataque al sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE), en busca de emitir una sentencia definitiva.
Este proceso revela no solo las deficiencias en la gestión de pruebas por parte de los candidatos, sino también las grietas en la confianza pública hacia el sistema electoral venezolano, exacerbadas por la falta de transparencia en un momento crítico para el país.
