Informe revela la complejidad de atender casos de adolescentes involucrados en delitos penales en Venezuela. El sistema legal enfrenta desafíos.
En un reciente informe especial, las organizaciones no gubernamentales Una Ventana a la Libertad y Cecodap han revelado la complejidad que caracteriza el proceso penal en aquellos casos de adolescentes que incurren en hechos punibles como robos u homicidios en Venezuela.
Estas asociaciones civiles explican que los casos de los adolescentes infractores resultan muy difíciles de atender y solucionar porque deben ser ventilados ante el Sistema Penal de Responsabilidad Adolescente (SIPRA), el cual está integrado por 14 entes públicos.
Este complejo procedimiento ha estado vigente desde el año 2015, cuando se llevó a cabo una Reforma de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).
El informe destaca que el instrumento legal no aclara cuál es el ente rector en la materia, lo que diluye la articulación, promoción y creación de políticas públicas especializadas para esta población en esfuerzos intermitentes entre los integrantes del SIPRA.
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El SIPRA, diseñado para atender a todas las personas con edad comprendida entre 14 y menos de 18 años al momento de cometer un hecho punible o estar en conflicto con la ley penal venezolana.
Está conformado por varios organismos, entre ellos, la Sala Constitucional, la Sala de Casación Social y la Sección de Adolescentes del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, los ministerios para el Servicio Penitenciario, con competencia en materia de Niños, Niñas y Adolescentes, Juventud y Educación, el Servicio Autónomo de Defensa Pública, la Policía de Investigación y la Defensoría del Pueblo.
Para lograr una mejor comprensión del problema, el Informe Especial, titulado “Patrones de violación de derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal (2017-2024)” está dividido en cinco capítulos: Marco Legal, Conformación del SIPRA, Ausencia de datos, Reportes publicados por UVL y Contraloría social.
La investigación constató que resulta difícil hacer contraloría social en torno al tema de los adolescentes en conflicto con la ley penal debido a que hay un evidente vacío de información y no hay rendición de cuentas por parte de los entes del Estado. Por tanto, mantener un diagnóstico actualizado, completo, detallado y apegado a la realidad que se vive es imposible.
Una de las dudas más importantes que existe en relación al SIPRA es cuántos adolescentes en conflicto con la ley penal se encuentran en dicho sistema.
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Defensoría del Pueblo en el año 2015
Según información aportada por la Defensoría del Pueblo en el año 2015, la distribución total de la población que cumplía medida de privativa de libertad y no privativa de libertad en el SIPRA era de 6.828 adolescentes.
Las cifras reveladas por el ministerio para Asuntos Penitenciarios difieren de las que tenía para aquel momento (2015) la Defensoría del Pueblo. El despacho ministerial reportó que en las 32 entidades de atención a su cargo existían 4.448 adolescentes en conflicto con la ley penal.
Según un informe realizado en el año 2015 por la Defensoría del Pueblo, los delitos más frecuentes cometidos por los adolescentes son los siguientes: robo en todas sus modalidades, homicidios, drogas, abuso sexual, secuestros y otros.
De acuerdo a la investigación realizada por Una Ventana a la Libertad y Cecodap
en Venezuela existen patrones de violación de derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal.
Los derechos más vulnerados son los siguientes: Dignidad, Derecho a ser oído u oída, Defensa, Juicio educativo, Separación de personas adultas, Discapacidad, Irregularidades en el proceso, Clasificación, Debido proceso y presunción de inocencia.
El documento revela que las garantías establecidas en el Sistema Penal de Responsabilidad Adolescente (SIPRA) se cumplen parcialmente y que los jóvenes participan activamente en motines y fugas.
Desde el año 2012, la Defensoría del Pueblo ha realizado recomendaciones para mejorar la situación que viven los adolescentes que incurren en delitos penales. Sin embargo, en el informe del año 2021 del mencionado organismo, dichas recomendaciones se mantenían.
Estas indicaciones incluyen: gestionar que los planes y programas en las entidades de atención socioeducativas conserven los postulados de la doctrina de la protección integral, realizar la construcción de la entidad de atención socioeducativa para programas con medidas de privación y no privación de libertad, fortalecer las políticas públicas para la prevención de la delincuencia adolescente y juvenil y diseñar planes y programas para la atención de los y las adolescentes.
Este informe pone de manifiesto la necesidad de una reforma integral del sistema de justicia penal para adolescentes en Venezuela, con el fin de garantizar sus derechos y ofrecerles una oportunidad de rehabilitación y reintegración a la sociedad.
