Sin sanciones, ni corrupción

 

Por Omar A. Ávila H. / A medida que el año 2023 llega a su fin, resulta imperativo realizar una evaluación profunda de la situación que atraviesa la industria petrolera venezolana, especialmente a la luz de la decisión tomada durante la 187ª Conferencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) el pasado 30 de noviembre. Esta conferencia, centrada en establecer el mecanismo de recorte de oferta para el año 2024, revela desafíos cruciales para la competitividad de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en el mercado mundial para el próximo año.

El acuerdo, que busca equilibrar la oferta y la demanda, se produce en un contexto global marcado por la disminución sostenida del precio del crudo, a pesar de conflictos geopolíticos como el enfrentamiento entre Israel y Hamás, y las tensiones palpables entre los miembros de la OPEP. La incertidumbre prevaleciente hace necesario examinar las implicaciones de este pacto para anticipar si PDVSA experimentará mejoras o retrocesos en su posición en el mercado internacional.

Algunos expertos sugieren que, sin los recortes forzados liderados por Arabia Saudita, la estabilidad artificial entre la oferta y la demanda que ha sostenido los precios del petróleo desde 2020 podría desmoronarse. Este escenario podría resultar en un aumento de la oferta de crudo, provocando una disminución adicional en el precio del barril, lo que sin duda alguna representa un panorama desafiante para la industria petrolera venezolana, que ya enfrenta múltiples obstáculos.

La crítica situación de PDVSA se desarrolla en un contexto de avances tecnológicos significativos y apertura de mercados no tradicionales para la extracción de petróleo. Sin embargo, la falta de inversión, la mala gestión, el aumento de la competencia, la tendencia a la baja de los precios y la posibilidad de un congelamiento en la liberalización de las sanciones, crean un entorno hostil para la joya negra del Caribe. En 2024 se mantienen e incluso se pueden agravar las diversas dificultades que tiene la estatal petrolera para salir a flote.

Nueve meses después del escándalo de corrupción que reveló un desfalco de más de 23.000 millones de dólares en Petróleos de Venezuela, la empresa continúa en una situación precaria. La persistencia de las sanciones no solo amenaza con prolongar este declive, sino que también subraya la realidad de que cualquier recuperación requerirá tiempo y una inversión significativa.

En términos generales, los «recortes voluntarios» anunciados por la OPEP, que ascienden a 2,2 millones de barriles por día, parecen insuficientes para mantener los precios del crudo en niveles favorables. A esto se suma el hecho de que la industria petrolera venezolana sigue siendo incapaz de impulsar una recuperación económica para elevar los salarios (del sector público), dinamice la producción nacional a través de la cartera crediticia y frene la inflación. El futuro de PDVSA y, por extensión, la estabilidad económica de Venezuela, depende de manera crítica de cómo el Ejecutivo Nacional aborde estos desafíos inminentes en el próximo año.