La Violencia Obstétrica en el Estado Venezolano
 Por Ana Cecilia Bracho Carpio Para comenzar, debo señalar que revisando diferentes fuentes, observé un video donde la psicóloga española Mallol Mendoza, manifestaba que Venezuela es el primer país del mundo en definir la violencia obstétrica, en el año 2007, y en tipificarla como delito. Otro punto a favor, con la finalidad de fortalecer el marco jurídico, y optimizar la reforma de la ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 16-12-2021, el Estado venezolano realizó una significativa modificación a la sanción para el personal de salud que incurra en uno de los numerales del artículo 66. Que gran avance, pero a la vez un gran compromiso.

Sumando lo anterior, del objetivo y finalidad de la ley comentada, se sobreentiende que ante una ley de avanzada como la de Venezuela toma vigencia la trilogía Estado-Familia y Sociedad, y que todos estamos comprometidos a exigir su cumplimiento.

El Estado, como garante, debe “…..adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias….” La familia debe mostrar interés por conocer la ley, porque el desconocimiento no exime de su cumplimiento, pero si nos priva de la garantía para ejercer los derechos y reclamarlos ante las instancias judiciales. De igual manera, la sociedad civil tiene el derecho y el deber de participar de forma protagónica para lograr la vigencia plena y efectiva de esta Ley. Lógica interpretación es que la ley exhorta a perder el miedo a la denuncia, porque de lo contrario será un fracaso, que no conviene ni a las víctimas ni a la valoración internacional que se haga al Estado venezolano.

Por lo expuesto anteriormente, se deduce, que las Universidades son corresponsables socialmente en la formación de profesionales médicos obstétricos tanto a nivel de pre-grado como en la etapa de residencias en los hospitales y doctorados. Deben generar profesionales sensibilizados, humanizados, éticos, con perspectiva de género y derechos humanos en salud. La violencia en todas sus formas es un problema social, complejo, que va en aumento, pese a los avances legislativos.

Respecto a la ejercida contra la mujer no es un problema de la sociedad contemporánea, ni de la civilización actual; ha existido a lo largo de la historia y mientras la aceptemos o toleramos se mantendrá. Al día de hoy, es considerada una pandemia que afecta a nuestras comunidades y países en todo el mundo, sin distinción de clases sociales, raza, edad, sexo o religión. Pero más lamentable y aterrador para muchas mujeres, en el mundo, y Venezuela no escapa a ello, es otro viejo problema que, en todo caso, gracias a la transferencia de conocimientos, a causa de las tecnologías modernas, se ha hecho más visible recientemente, como es el epifenómeno de la violencia obstétrica.

Se trata de un problema de salud pública que debe enfocarse desde una visión de derechos humanos La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela en sus actividades científicas ha dado a conocer la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y sus contradicciones médico legales, especialmente lo concerniente a la violencia obstétrica; ya que la difusión ha sido limitada, considerando que es poco el conocimiento de su contenido en el personal de salud en general. Cabe preguntarse, qué nivel de conocimiento tienen los funcionarios públicos de salud, del área obstétrica, respecto a la reforma de la ley y sus alcances.

Al revisar información sobre el delito de Violencia Obstétrica se observa que, a diferencia con Venezuela, muchos países siguen en deuda con sus mujeres al no existir legislación que las proteja ni programas y políticas que garanticen a las madres el derecho a recibir una atención digna y salvaguarda de su vida y la del ser humano por nacer. Finalmente, en acatamiento a lo establecido en la Ley Orgánica, aquí comentada, es importante destacar que para desmontar la violencia de que son objeto las mujeres en los centros hospitalarios, es necesario perder miedo a la denuncia. Se requieren sanciones ejemplarizantes y aquí surge la corresponsabilidad de los operadores de justicia.